Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com
1960, 25 de noviembre, en República Dominicana asesinaron a las hermanas Mirabal, se dice que el gobierno dio la orden.
1979, en la ONU se logró la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
1981, militantes y activistas del mundo alzaron enérgicamente su voz en protesta por la violencia contra la mujer.
1993, la ONU emitió la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, sentando las bases para un futuro sin violencia de género.
2000, la ONU resuelve declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
2008, debido a que la violencia contra la mujer no cede, la ONU desató la campaña ÚNETE.
2017, surgió el movimiento Mee Too, en el cual se hizo visible por medio del uso de hashtags la violencia y el acoso sexual.
2017, 7 de julio, se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra mujeres en Q. Roo.
2021, 6 de agosto, Causa Común señaló la tendencia al alza en violencia contra la mujer en México, incluyendo feminicidios, sucesos en familias y machismo. En el 1er semestre de 2021 registraron 508 víctimas de feminicidio y reconocen que pueden ser mucho más.
2021, 25 de noviembre, se presenta la iniciativa de crear un tendedero para hacer visibles las violencias institucionales en contra de la mujer, incluyendo las irregularidades que se dan en las quejas, los encubrimientos, la impunidad, la inacción de las autoridades. Este movimiento invita a víctimas de violencia a visibilizar a sus agresores aún si fuesen jueces o magistrados, el ministerio público, empresas, universidades o médicos y otros servidores públicos o de la iniciativa privada.
Los medios normalmente reportan casos de violencia contra la mujer provenientes de zonas urbanas; pero también lo hay en comunidades rurales y ciudades pequeñas, y en cantidades abrumadoras, a veces invisibles, quizá pensando que por estar en zona rural pasaría desapercibido. Tenemos el caso de la niña que en Guerrero fue vendida por 200 mil pesos como parte de los “usos y costumbres” de su comunidad, no quiso casarse y por ello fue encarcelada; afortunadamente los medios hicieron notar lo anterior, incluso a nivel internacional, y ya fue liberada.
2019, diciembre, en José Ma. Morelos se dio a conocer Foráneas Seguras, un movimiento creado para apoyar a estudiantes que sufrían de abuso por parte de académicos de una institución de educación superior. Muy pronto el número de víctimas creció porque se acercaron a la organización no solo estudiantes sino mujeres de las comunidades aledañas, víctimas de violencia.
2021, enero, primer feminicidio en JMM; una mujer murió porque su pareja le prendió fuego.
2021, 27 noviembre, ingresa una paciente en el hospital general de JMM con hemorragia fuerte. Le piden que se espere 8 h para que pase el efecto de un medicamento que tomó. Después de 9 h, ya noche, no la quisieron atender, que hasta el día siguiente. Temiendo que el domingo tampoco habría atención, familia y amistades de la paciente presionaron y finalmente se presentaron los médicos, aunque con muy mala cara, para hacer su trabajo. Atendieron a la paciente y finalmente se controló el problema.
¿Saben las autoridades de esos casos? Sin duda. ¿Porqué continúan registrándose casos de abuso de autoridad, de violencia física, verbal y psicológica, de presión inexplicable a estudiantes mujeres por parte de académicos, o maltrato a empleadas por parte de “jefes”?
Si tan solo hubiera una buena gestión, una buena formación, y, sobre todo, mejor conciencia de esas “autoridades”, de la institución y de los órganos de justicia, que sin duda encubren, toleran, voltean la mirada a otro lado para no ver esa violencia ¡Esas “autoridades” no deberían estar donde están! Ello solo fomenta una sociedad sin valores que nos mantendrá en profundo subdesarrollo; todos perdemos.
La verdadera protección a la mujer no debe permitir impunidad, ni protección, ni encubrimiento a victimarios.
Es cuanto.
