Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- “Hoy podemos decir con claridad que nosotros no tenemos pactos con delincuentes ni perseguimos intereses personales”, señaló Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), al inaugurar la Vigésimo Quinta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Durante el acto realizado en el estado de Veracruz, la funcionaria informó que de enero a la fecha, han sido transferidos de cárceles locales a prisiones federales más de 3 mil 500 internos “de alto riesgo institucional”, lo cual contribuye a mejorar la seguridad y gobernabilidad de los centros estatales,
Asimismo, señaló que desde 2021 se ha informado a las autoridades penitenciarias estatales de la posibilidad que hay de internar a personas privadas de la libertad (PPL)en las prisiones federales, y que las solicitudes de traslado “serán atendidas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dando prioridad a aquellos PPLs que estén poniendo en riesgo la seguridad y gobernabilidad de los centros estatales”.
En su discurso expuso que esta “Conferencia no sólo es una oportunidad de acercamiento, también es un instrumento de trabajo conjunto para mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios, siempre en apego estricto a los derechos humanos.
“Apostamos a la coordinación interinstitucional en nuestras instancias de seguridad pública y entre los sistemas penitenciarios, porque lo que hagamos o dejemos de hacer impactará en nuestras comunidades”.
En ese contexto, Rodríguez Velázquez propuso siete ejes de acción para el trabajo entre autoridades federales y locales en materia penitenciaria, entre ellos, “mejorar la gobernabilidad de los centros”, y “para avanzar en la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad se fortalecerá el Comité Intersecretarial federal en materia penitenciaría”.
Propuso el fortalecimiento de las bases de datos de información penitenciaria para ayudar a los trabajos de inteligencia en materia de seguridad pública, y dijo que “así como el orden y la disciplina forman parte indispensable del día a día del quehacer cotidiano en los centros penitenciarios, también el respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad, familiares y servidores públicos”.
Como punto cinco, dijo que es necesario intensificar los operativos sorpresa en coordinación con autoridades federales, y en sexto lugar que se debe “dar certeza jurídica a la población penitenciaria para acceder a beneficios preliberacionales, revisando expedientes de internos del fuero común y del federal, dando principal importancia a los grupos de indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos”.
Con información de La Jornada
