Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Con la finalidad de combatir y prevenir la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita, el Congreso del Estado inició el análisis de reformas y adiciones al Código Penal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Servicio de Administración Tributaria y el Código Fiscal, que dan pie a la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Quintana Roo y fijan las penas corporales a servidores públicos involucrados en el lavado de activos.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado estará a cargo del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo y tendrá la obligación de denunciar los delitos relacionados con el lavado de activos cuando tenga conocimiento de los hechos.
La propuesta establece penas de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, reitere, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte, o transfiera, dentro del territorio nacional, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, así como cuando oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad, titularidad o beneficiario final de recursos, derechos o bienes.
Las penas aumentan al doble cuando la infracción sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, ya sea que se encuentren activos o hasta dos años después de haber ejercido el cargo o comisión.
Además de las penas corporales y multas correspondientes, el acusado será inhabilitado por un tiempo igual a la sentencia impuesta.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.
