Aguakán podría vivir otro diciembre “grinch”.
Todo indica que viene una nueva embestida para quitarles la concesión de agua potable y alcantarillado en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel.
El diciembre pasado, la anterior Legislatura intentó algo similar, señalando aparentes irregularidades en la ampliación de la concesión otorgada en el “gobierno” de Roberto Borge.
Aguakán se defendió con un amparo, el juez le dio la suspensión, y así lograron mantener su concesión.
Pero se acerca una segunda intentona, esta vez con un andamiaje legal más sólido.
La cuestión con Aguakán ya no es solo un problema legal; es además político.
Resulta inadmisible para un gobierno “progresista” tener concesionada la prestación de un derecho humano.
Desde el 30 de septiembre, el gobierno federal, el estatal y los cuatro municipios en los que opera la concesión están en manos de Morena.
Ya no hay resquicio ideológico para justificar la privatización del servicio.
Y, por cierto, tampoco habrá resquicio legal, ya que incluso los jueces, como todo el Poder Judicial, van en camino de estar alineados con Morena.
Quizá este diciembre, en lugar de villancicos, en Aguakán empiecen a entonar “Las Golondrinas”.
