Por Diana García/ NOTICARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional número 177/2018, promovida por el Municipio de Solidaridad, en contra de la llamada “Ley Casitas” en Quintana Roo.
La controversia resolvió que en contra de las Leyes de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de Acciones Urbanísticas; de Vivienda; de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; de Propiedad en Condominio de Inmuebles; y de Expropiación, todas de Quintana Roo, publicadas en el Diario Oficial local el 16 de agosto de 2018, mediante Decreto 194.
En conferencia de prensa Juan Carlos Beristain ex síndico del Ayuntamiento de Solidaridad indicó que el fallo va en contra de las modificaciones a la Ley de Asentamientos Urbanos, conocida como “Ley Casitas”, que permitía reducir el tamaño mínimo de las viviendas en Quintana Roo.
“El Pleno resolvió que el Estado invadía la esfera de atribuciones del Municipio al facultarse la emisión de constancias de compatibilidad territorial de acciones urbanísticas, la cual se encontraba contenida en el artículo 5, fracción I de la Ley de Acciones Urbanísticas de esta entidad federativa, motivo por el cual, invalidó dicho precepto”, precisó Beristain.
Asimismo, señaló que la obligación de los Municipios de trasmitir al Gobierno del Estado el 20% de las áreas de cesión para áreas verdes, equipamiento, infraestructura y oficinas públicas, necesarias para la convivencia en desarrollos emanados de acciones urbanísticas, es inconstitucional, por lo que también procedió a invalidar el artículo 46, penúltimo párrafo de la Ley de Acciones Urbanísticas de este territorio.
Cabe destacar que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita la existencia de los Municipios, así como sus características y obligaciones, por lo que al contrariarse lo estipulado en el mismo, los artículos invalidados violentaban la soberanía y autonomía municipal.
Con esta resolución, se elimina el trámite de constancia de compatibilidad territorial para los desarrolladores.
