Por Mario A. Millán Cabrera
CHETUMAL.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Ley de Movilidad de Quintana Roo y al Código Fiscal del Estado.
El anteproyecto de ley había sido enviando a la legislatura para su análisis y discusión por la gobernadora Mara Lezama, luego de una serie de reuniones con sindicatos de taxistas y empresas operadoras de plataformas digitales.
Te puede interesar: Comisión del Congreso aprueba anteproyecto de Ley de Movilidad de QR
Este nuevo marco normativo establece nuevas disposiciones en materia de permisos y concesiones, obligaciones fiscales, contempla un fondo de transporte, incorpora taxímetros, reconoce el transporte por medio de plataformas tecnológicas, incorpora rótulos de unidades, integra el registro estatal de licencias de conducir de prestadores del servicio e incorpora cursos de capacitación con un enfoque de prevención para los operadores.
Es importante señalar que las reformas a la Ley de Movilidad están relacionadas única y exclusivamente con el servicio que prestan las empresas de servicio de transporte público y privado a través de plataformas digitales.
Anteriormente, la legislatura había aprobado otras reformas y adiciones a la misma ley para regular el servicio de mototaxis; sin embargo, todavía faltan otras reformas relacionadas con los servicios de grúas y de transporte colectivo y urbano que no han sido abordados, como coincidieron en señalar la diputada Cinthya Millán y el diputado Julián Ricalde.
El diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, quien encabezó los trabajos de análisis y discusión de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, celebró que la legislatura haya llegado a un consenso en la aprobación de esta ley.
En la sesión de esta anoche también se aprobaron reformas a las leyes de los municipios, ordenamiento cívico, código civil, código penal, de salud, cambio climático, equilibrio ecológico, medio ambiente y protección y bienestar animal.
También desechó la iniciativa de Ley sobre el Régimen de Tiempo Compartido del Estado al tratarse de un asunto de índole federal.
