Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de la Función Pública firmaron un acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental, tanto en el nivel estatal como en el municipal.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que con este acuerdo se refuerza el compromiso de Quintana Roo para prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, tanto en la administración estatal como en las municipales, así como fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y promover una cultura de integridad en el servicio público.
Con la firma de este acuerdo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama y el secretario Roberto Salcedo Aquino, derivó el convenio entre la Secretaría de la Contraloría y la dependencia federal, por medio del cual, el Órgano Estatal de Control recibe 6 sistemas informáticos para mejorar la gestión gubernamental y el control interno.
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“Estas acciones tiene el objetivo de que la ciudadanía tenga las mejores herramientas para denunciar posibles actos de corrupción. Con esfuerzos coordinados entre sociedad, gobierno federal y gobierno del estado combatimos la corrupción”, explicó la titular de Ejecutivo quien estuvo acompañada de la secretaria estatal de Contraloría (SECOES) Reyna Arceo Rosado.
Por su parte, el secretario Roberto Salcedo afirmó que cuando el cajón está abierto hasta el justo peca, razón por la que es necesario que los cajones tengan todos los controles para evitar caer en tentaciones.
Durante el evento en el que también estuvieron presentes el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Fuentes y la
Contralora de Quintana Roo, Reyna Arceo Rosado, la gobernadora destacó que en la entidad se trabaja para eliminar todas las formas de corrupción, así como incentivar y promover mecanismos de co-creación, transparencia, rendición de cuentas, mejorar los controles internos y evitar la ejecución discrecional del gasto público con el involucramiento y participación activa de la ciudadanía. Esto permitirá acrecentar la eficiencia gubernamental y la confianza de la población.
