Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Quintana Roo ocupa a nivel nacional el primer lugar en el índice de prevalencia de la corrupción al reportar que 20 mil 413 personas tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron, al menos, un acto de corrupción.
De acuerdo con la encuesta de calidad e impacto gubernamental del INEGI del 2021, la entidad reporta un incremento de variación del 20.3 por ciento, superior a la media nacional.
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La secretaría ejecutiva de la Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (Sesaeqroo), Alma Gabriela Arroyo Angulo, quien este martes compareció ante diputadas y diputados de la XVII Legislatura, también lamentó que la entidad ocupe el primer lugar en prevalencia de la corrupción y que además reporte una cifra negra del 93.2 por ciento de delitos cometidos no denunciados superior a la media nacional del 91.5 por ciento.
“Nos queda claro, a todos, que estas cifras no son buenas, lo cual nos exige encontrar la manera de pasar de la letra a la acción y reflexionar en otro fenómeno igual o peor de preocupante que es la impunidad, que es reflejo de un Estado ausente de un sistema de justicia anquilosado por la corrupción y por la complicidad institucional y de falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos, y por el otro, la reparación integral del daño causado”.
No todo está perdido…
En contraste, Arroyo Angulo reconoció que hay cosas buenas, que no todo está perdido, pues Quintana Roo ha logrado posicionarse a nivel nacional con respecto a lograr una estructura completa en su Sistema Anticorrupción y, en consecuencia, haber sido reconocido por organismos internacionales como el World Justice Project por su publicación de política de justicia abierta. El World Justice Project es una organización internacional de la sociedad civil que mide el estado de derecho en el mundo y ha colocado a Quintana Roo como el primero en lograrlo a nivel nacional.
Además, Quintana Roo se encuentra en el lugar número cuatro en la lista nacional en publicar su política anticorrupción, en 2020, y el primero en aprobar y publicar su propio programa de implementación, en el 2022.
Dentro de sus logros también figura entre los seis estados del país que cuentan con su anexo transversal de anticorrupción que tiene por objetivo programar, presupuestar y rendir cuentas respecto al gasto destinado a las acciones de combate a la corrupción.
