Por: Jorge A. Martínez Lugo
Mientras en Quintana Roo el verde y los partidos de la 4T derogaron una ley que prohibía el uso de colores partidistas en edificios públicos, a nivel nacional, la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) propuso una reforma para considerar falta administrativa grave utilizar como imagen institucional de los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público, colores, símbolos, signos o frases que, directa o indirectamente, puedan vincularse o identificarse con algún partido político.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, adiciona un artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para actualizar el marco jurídico en materia de regulación del uso de colores partidistas en bienes e instalaciones públicas.
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VELADA CAMPAÑA EN TIEMPOS ELECTORALES
Expone que históricamente en la vida partidista se ha abusado del uso de los colores propios de los partidos políticos en el poder, en las instalaciones y bienes destinados al servicio público, sin importar el orden de gobierno, situación que es grave porque en el trasfondo se encuentra un velado acto propartidista equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales.
Señala que es evidente que se violentan los principios constitucionales de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales, así como el buen despacho en el ejercicio de los recursos públicos que tienen bajo su gestión.
Observa que se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional. “El servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos y el derecho a la buena administración”.
Considera que siempre que se trate de comunicación propagandística partidista, deberá hacerse de manera institucional y sin tintes partidistas o electorales.
Enfatiza que hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues lejos de servir a la ciudadanía quienes incurren en ello se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas, porque la responsabilidad, austeridad y el ajuste a la ley son elementos propios y pilares de las democracias partidistas sólidas.
