Por Martín G. González Iglesias
De acuerdo con el informe emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), en el primer semestre del 2024 han atendido a 1 mil 407 víctimas, de las cuales 671 son de enero, febrero y marzo, y 766 de abril, mayo y junio.
Pareciera que todo marcha bien en la sociedad quintanarroense, pero día a día observa cómo sus garantías individuales consagradas en la Constitución, son acotadas por el Poder el Estado en sus tres niveles de gobierno, aunado a los poderes fácticos, que en muchas ocasiones parecen tener más poder que el mismo Estado.
No hay que olvidar el párrafo primero del Artículo 1 de la Constitución Política, “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
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Hay que distinguir entre los derechos humanos y las garantías individuales para su protección. El concepto de derechos humanos tiene carácter fundamentalmente sustantivo, y comprende los diversos derechos que la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte reconocen a las personas, en cuanto que son inherentes a su dignidad humana: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la protección de la honra y la dignidad, etcétera.
Si tomamos en cuenta el informe de la CEAVEQROO, hay un promedio de 234 personas que son atendidas debido a la violación de sus derechos humanos, en los que están incluidos casos de desaparición cometidas por particulares, violación sexual, homicidio calificado, despojos, abusos sexuales, feminicidios, lesiones y daños culposos, robos, trata de personas, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y violencia familiar.
En el primer trimestre los municipios con mayor incidencia son Othón P. Blanco (Chetumal), donde fueron atendidas 294 personas, de las cuales 214 son mujeres y 80 hombres; en Benito Juárez (Cancún), la atención fue para 178 mujeres y 68 hombres, hacen un total de 246 víctimas, y en Solidaridad (Playa del Carmen), fueron 101 personas atendidas por la CEAVEQROO, donde 46 son mujeres y 55 hombres.
Durante el segundo trimestre de 2024, la atención en Othón P. Blanco (Chetumal) fue de 277 mujeres y 108 hombres, con un total de víctimas de 385; en Benito Juárez (Cancún) fue de 237 personas atendidas, 185 mujeres y 52 hombres; en Solidaridad (Playa del Carmen) la atención fue para 144 personas, donde 80 son mujeres y 64 hombres.
Si el lector observa, es alarmante el crecimiento de atención a víctimas de derechos humanos en Othón P. Blanco (Chetumal), pues mientras Benito Juárez y Solidaridad fueron a la baja en el segundo trimestre, en el municipio capitalino de Quintana Roo aumentó un 30.95 por ciento, pues pasó de 294 a 385 víctimas atendidas, más la conocida “cifra negra” que son las violaciones a los Derechos que no se denuncian.
Algo sucede entre la sociedad quintanarroense y su gobierno, quizá fue que los votantes se crearon muchas expectativas en cuanto al cambio de estilo de gobernar; pero algunos piensan que saltaron de la sartén para caer directamente en el fuego. Ahí se las dejo…
SASCAB
El problema con la modificación a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, radica en que no hubo una socialización del tema, y si existió, los canales por los que se quiso hacer no fueron efectivos, pues muchos de éstos solo se dedican al “culto al poder”.
Algo tan benéfico como conservar la vida y contribuir a la seguridad pública, no es posible debido a la falta de tacto para presentarlo a la sociedad.
Debo recordar que este tema de los motociclistas que deben de usar casco y chaleco con su número de placas, fue una idea traída de Colombia, por el entonces Secretario de Infraestructura y Transporte, la desaparecida SINTRA, Alejandro Ramos Hernández, allá en el 2017, pero que los legisladores mandaron a la “congeladora”. Ahora pretenden retomarla, pero les faltó comunicar bien. Al tiempo…
