Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un grupo de pobladores de 33 comunidades de la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche ratificaron el juicio político en contra de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández al haber sido excluidos del Programa de Inversión Anual (PIA) 2022.El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, precisó que con la ratificación del juicio político en contra de la presidenta municipal se sentara un antecedente legal en contra del ayuntamiento de Othón P. Blanco
“Como lo marca la ley, tres días después venimos a ratificar la solicitud de juicio político en contra de la presidenta municipal de Othón P. Blanco por lesiones graves a los derechos de los pobladores y para que esto siga su curso”.
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El Programa de Inversión Anual (PIA) es un esquema para dotar de obras públicas a ciudades y comunidades rurales a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y que en el caso del municipio de OPB este plan fue aprobado el pasado 30 de marzo pasado y en la que se destinaron 210 millones de pesos a infraestructura urbana, pero dejando fuera a 33 comunidades rurales debido a que se encuentran ubicadas en la parte en Controversia Constitucional con el estado de Campeche.
Pobladores de 33 comunidades
Andrés Blanco Cruz, indicó que antes de su validación se intentó dialogar con la presidenta municipal de Othón P. Blanco, para se incluya a las comunidades de dicha región, pero no aceptó por lo que, en consecuencia, estas 33 comunidades de la Zona Limítrofe con Campeche, donde habitan al menos 12 mil personas, quedaron excluidas de acciones de obra y beneficio social.
Indicó que la determinación se basó en el mapa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no en un pronunciamiento legal.
El abogado señaló que en varias poblaciones se carece de agua potable, electrificación, caminos “saca cosechas”, y sitios de esparcimiento.
El documento de ratificación de juicio político fue firmado por las autoridades de las comunidades y entregado ante Oficialía de Partes del Poder Legislativo
