Agencias
CHETUMAL.- – El Congreso del Estado deberá agilizar la procedencia de juicio político que comunidades de la zona limítrofe presentaron ante la XVI Legislatura en contra de la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández, a quien acusan de ser omisa en el desempeño de sus funciones en detrimento de los derechos humanos de los habitantes de las comunidades rurales, apremió Andrés Blanco Cruz.
El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, añadió que más de 200 habitantes de 30 comunidades rurales de la zona limítrofe de Othón P. Blanco, marcharon el 12 de abril pasado, del Museo de la Cultura Maya hasta la sede del Congreso local, donde presentaron la solicitud de juicio político en contra de la edil, por presunta violación de la Constitución y por afectar los derechos humanos de los residentes de esa región.
Blanco Cruz, quien asesora jurídicamente a los afectados, dijo en entrevista que la solicitud de juicio político es por discriminación y por violar de manera reiterada los derechos humanos al ignorarlos en la asignación de obras dentro del Programa de Inversión Anual 2022, ya que este año no fue asignado ni un solo peso para atender las demandas de alumbrado, calles, banquetas, parques, inclusive seguridad pública.
Abundó que tienen pruebas de la negativa “reiterada” de Martínez Hernández, pues en los tres años que fue síndica Municipal durante la pasada administración de Otoniel Segovia Martínez, votó en contra de ejercer recursos en estas comunidades, y ahora que es la Presidente municipal de Othón P. Blanco, mantiene su insistente oposición de destinar inversión pública a las comunidades de la zona limítrofe.
“Ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la de la zona limítrofe, hemos pedido a los diputados que procedan a la destitución y a la inhabilitación de esta funcionaria, ya que hemos ratificado la demanda el pasado 19 de este mes y esperemos que los diputados estén a la altura de las circunstancias y hagan cumplir la Constitución”, afirmó Blanco Cruz.
Explicó que Yensunni Martínez, mal interpreta un incidente de suspensión de controversia constitucional que involucra al estado de Yucatán, no así a la porción territorial en disputa con Campeche, por lo que por ley y por cumplimiento de la Constitución de Quintana Roo, debe programar obra pública para esas comunidades de la zona limítrofe, ya que “es una cuestión de derechos humanos, los cuales, aseguró, ella violenta.
Con información de Infoqroo
