La suspensión definitiva que obtuvo Aguakán contra el intento de finalizar con la concesión de Aguakán no es un golpe político a un diputado, ni a todo el Congreso del estado, que votó por unanimidad, incluida la “oposición”. El daño es un aún mayor.
Como suele ocurrir al perro más flaco se le cargan todas las pulgas o se buscan chivos expiatorios. La carga mediática ha sido contra Humberto Aldana, presidente de la Jugocopo, una de caras más visibles de Morena-QR y uno de los operadores estelares de la gobernadora Mara Lezama.
Pero, el daño político es todo el cuatroteísmo caribeño. El amparo implica una victoria para Aguakán y una derrota para el Congreso del estado, que tiene un 88 por ciento de diputados de la 4T.
Más que aplicar a una empresa abusiva, la embestida legal contra Aguakán implica poner un hasta aquí a las privatizaciones al destajo que llevaron anteriores gobiernos del PRI, con colaboración del PVEM, ahora aliado de la 4T.
La 4T está por cumplir seis años con gobiernos locales y dos legislaturas con mayoría en el Congreso del estado.
Pero, siguen privatizados servicios como la recolección de la basura, el transporte público, y hasta el alumbrado público.
Como sea, el cuatroteísmo quintanarroense sigue la misma ruta de cuando el PRI dominaba a Quintana Roo.
