Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
MÉRIDA.- En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entre los días 5 y el 7 de marzo del presente año, realizará una nueva gira por la Península de Yucatán para supervisar los avances del Proyecto Tren Maya en la cual visitará a los 5 estados donde se encuentra la ruta del proyecto.
Externamos nuestra preocupación por el contexto y la forma en que se da esta visita, así como por las omisiones que implica.
Como en otras ocasiones, el anuncio de esta gira se da sólo días después de que se hiciera pública información sobre los distintos juicios de amparo presentados por comunidades mayas, barrios y activistas de derechos humanos.
Como es sabido, en los últimos días se ha dado a conocer 5 nuevas suspensiones ordenadas judicialmente en contra de distintos aspectos del proyecto Tren Maya.
Estas resoluciones otorgadas en Campeche y Yucatán evidencian lo que desde hace meses ya se ha reportado: el proyecto amenaza los derechos humanos, sin que esto haya generado en las autoridades preocupación sino rechazo a cualquier crítica y movilización en defensa de los derechos.
Son ya al menos 15 juicios de amparos en contra del Tren Maya. Todos ellos con distintas suspensiones. Los juicios se han presentado por violar el derecho a la consulta indígena, por afectaciones al medio ambiente, por no hacer pública la integridad de la Manifestación de Impacto Ambiental, por desalojos forzosos, por afectaciones al patrimonio cultural, entre otros. El proyecto está lleno de graves cuestionamientos.
Pero el presidente, lejos de dar espacio para pronunciarse y atender estos riesgos, se ha centrado en estigmatizar a las y los defensores y minimizar los problemas señalados.
La visita del presidente es sin duda una reacción que busca hacer de su presencia una postura de afrenta, así como para reforzar un discurso con el que busca presentar una realidad que no existe.
Que el presidente venga, no a atender los reclamos y afectaciones de las personas que han promovido demandas de amparo, sino a reforzar un discurso triunfalista que estigmatiza a quienes se oponen al proyecto, representa un mensaje de confrontación para los pueblos, barrios y personas que defienden sus derechos, así como para el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, hablar de “supervisar obras” e impulsarlas como reacción a las suspensiones otorgadas judicialmente, representan un desacato a la justicia y un daño al marco constitucional del Estado.
No sobra recordar que el proyecto del Tren Maya, que incluye la implementación de los llamados “polos de desarrollo”, ha sido cuestionado por diversos sectores como comunidades indígenas, organizaciones sociales, científicos de todas las áreas e incluso órganos de gobierno (ASF y Conacyt) y que son justamente las alegaciones de violaciones a los derechos de las comunidades, así como los posibles riesgos ambientales, sociales y culturales emanados de ese proyecto, los que han llevado a que juzgados federales emitan las medidas cautelares que bajo argumentos falaces han sido violadas por FONATUR, incumplimiento que el representante del Poder ejecutivo federal parece respaldar con esta próxima visita.
A esta actitud se suma la campaña de desprestigio y estigmatización que FONATUR y la propia presidencia han desatado en contra de las comunidades y organizaciones sociales que cuestionan la viabilidad social, económica y ambiental del proyecto.
Frente a la contundencia de las suspensiones otorgadas, el gobierno federal pareciera entonces responder con la estigmatización y el desprestigio, actuaciones que distan representar a un gobierno que se asume como democrático y plural.
En esa tesitura, las organizaciones firmantes exigimos al Presidente que se pronuncie y atienda los reclamos de los 15 procesos judiciales en curso, así como que ordene a FONATUR y a otras autoridades involucradas al estricto cumplimiento de las suspensiones otorgadas. También exigimos garantizar la independencia judicial en los procesos, así como detener la campaña de provocación y desprestigio en contra de las comunidades y colectivos que defienden los derechos ante las violaciones provocadas por el proyecto Tren Maya.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
KANAN Derechos Humanos
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Dialogo y Movimiento
Due Process of Law Foundation Articulación Yucatán
Colectivo Tren Barrios, Campeche
Comunidades Chol de Palenque, Ocosingo y Saldo de Agua, Chiapas
(Comunicado)
