Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL, MX.— Después de casi ocho meses de que el Congreso del Estado iniciara un procedimiento para decidir el futuro de la empresa Aguakan, concesionaria del servicio de agua potable en cuatro municipios del norte del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y también de la comisión transitoria especial para este asunto, Humberto Aldana Navarro, dijo finalmente que el caso tendrá que ventilarse en los tribunales.
“Esto lo van a decidir los tribunales porque se trata de un asunto del orden jurídico”, reiteró Aldana, quien atribuyó el asunto a un entramado que les dejaron quienes votaron a favor de ese contrato.
“Insisto, está bien, nos dejaron un entuerto y vamos a tener que correr un costo político respeto a esto, pero y el costo político de quienes votaron por el contrato que ahorita andan hasta buscando cargos públicos?… uno anda en la dirigencia de un partido, otra persona anda buscando senadurías, presidencias municipales, entonces ese costo político, quién le recuerda a la gente que carga con eso; hay que recordarles porque se les olvida”.
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La XVII Legislatura decidió intervenir en el caso Aguakan luego del hartazgo social por parte de cientos de miles de usuarios que se quejaron y se siguen quejando por el pésimo servicio de agua potable que ofrece la empresa, así como los excesivos costos en la facturación.
Partiendo de esta idea, los diputados se reunieron en abril de este año para conformar una comisión especial transitoria para el seguimiento del caso Aguakan; para ello, instruyeron a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado investigar minuciosamente el desempeño de la empresa, así como el cumplimiento puntual de las cláusulas del contrato de concesión que por 30 años más obtuvo de manera sospechosa del gobierno de Roberto Borge.
En la comisión se incluyó al diputado isleño Julián Ricalde Magaña, quien más tarde se separaría de los “trabajos” bajo el argumento de que el asunto era manejado a modo, pues para él, la empresa debería de ser desterrada de Quintana Roo por tantas irregularidades cometidas.
La comisión se reunió entonces con los actores involucrados o que tienen que ver con la concesión, incluyendo a las autoridades electorales, pues en 2022, a la par de las elecciones locales, también se sometió al escrutinio ciudadano la permanencia de Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, siendo este último el único que avaló su permanencia; el resto votó en contra.
El 31 de septiembre fue el plazo otorgado por la legislatura para que el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Alberto Covarrubias Cortés, presentara el informe final realizado a la empresa, lo que hasta la fecha no ha sucedido.
El diputado Humberto Aldana dijo este martes por la mañana que la cita con el funcionario se ha programado para la próxima semana, a fin de iniciar el procedimiento legal en contra de la empresa, sea cual fuera el dictamen del Congreso del Estado.
