Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez rechazó que el Gobierno del estado pretenda concesionar el servicio tras la iniciativa de reforma a la ley de Movilidad que otorgaría facultades al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para emitir los plásticos en todo el estado, y “devolver” los recursos recaudados a los Ayuntamientos a través de un convenio.
“No es una empresa, lo hará el Imoveqroo, siempre en la ley hay que dejar posibilidades, la idea es que estas licencias que sean autofinanciables, lo que paga cualquier usuario sirva para que el Imoveqroo pueda prestar el servicio. Pero, hay que prever que ocurriría en algún caso el Imoveqroo no pueda prestar el servicio”, indicó.
Un dato importante es que la expedición de las licencias de conducir es un negocio de aproximadamente 400 millones de pesos anuales pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Quintana Roo hay al menos 850 mil conductores de automóviles y el costo de la licencia más económica es de 500 pesos.
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Sin embargo y pese a estas cifras, Cristina Torres subrayó, que el objetivo no es concesionar el servicio, “no hay intención de que una empresa privada preste el servicio. Los municipios no perderán sus ingresos, aquí el Imoveqroo concentrará una base de datos, especialmente por las licencias de conducir de transporte público”, aseguró.
Cabe recordar en la última sesión de periodo ordinario en el Congreso del estado, diputados rechazaron aprobar la reforma al artículo 172 de la Ley de movilidad donde otorgaban facultades al Imoveqroo para concesionar la emisión de los plásticos, y determinaron regresar a comisiones el documento para su análisis.
Incluso las diputadas del bloque opositor, Cinthya Millán Estrella del PAN, y Candy Ayuso Achach del PRI cuestionaron la constitucionalidad de la reforma, así como el otorgar facultades recaudatorias al Instituto, como si se tratará de un organismo autónomo, además de las múltiples reformas aprobada en vísperas de que Rodrigo Alcázar, entregue al Congreso la iniciativa para crear una nueva Ley de Movilidad que aseguró costó 11 millones de pesos del presupuesto 2023.
