Por: Jorge A. Martínez Lugo
– Quintana Roo merece una gobernadora fuerte al lado del pueblo
A seis meses de haber asumido como primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama expresó un firme mensaje el pasado 30 de marzo: “Cualquier concesión que no dé el servicio como lo debe dar a la ciudadanía, no tiene cabida en el estado; lo voy a dejar muy claro, nadie al margen de la ley, nadie por encima de la ley”, fue su respuesta en pocas palabras, ante la pregunta periodística sobre la decisión que tomaría su gobierno ante el problema de Aguakán.
El Congreso del Estado hoy hace cumplir la palabra de la gobernadora, con la iniciativa presentada por el diputado Humberto Aldana, para revocar la concesión, tal como lo mandató la ciudadanía en la consulta del 2022. La sociedad dijo en las urnas: fuera Aguakán.
Este 22 de diciembre el diputado Aldana -quien venía aguantando vara ante diversas exigencias sociales y políticas sobre qué iba a pasar con Aguakán-, presentó la iniciativa para revocar el refrendo de la concesión por otros 30 años, otorgada de última hora por el gobierno de Roberto Borge, a cambio de unos mil millones de pesos.
La revocación a la extensión de la concesión otorgada en 2014, que expiraría hasta 2053, fue por unanimidad de las 19 diputadas y diputados que asistieron a la sesión extraordinaria del pleno en el Congreso.
COMISION ESPECIAL POR LOS MIL MILLONES
También se aprobó crear una Comisión especial para investigar los mil millones de pesos entregados al entonces titular de CAPA, José Alberto Alonso Ovando, quien a su vez los transfirió a Juan Pablo Guillermo Molina, prófugo de la justicia desde el término del gobierno borgista, ante la orden de aprehensión vigente en su contra.
Esos mil millones de pesos se esfumaron y son una incógnita que deberá despejar la Comisión especial legislativa, para aportar elementos a posibles denuncias judiciales contra Guillermo Molina y/o contra Roberto Borge, tarea en la que Alonso Ovando, actual titular de Agepro, podría jugar un papel clave ahora que está del lado de la 4T.
¿CÓMO RESPONDERÁ AGUAKÁN?
Solo falta que la empresa emprenda una guerra legal y mediática para reclamar esos mil millones de pesos. El tema no termina en la revocación que hizo hoy el Congreso, sino que comienza una nueva fase al interior de los tres poderes, en un tema de alta corrupción.
BENEPLÁCITO SOCIAL
Por lo pronto, hoy esta decisión ha sido recibida con beneplácito por amplios sectores de la sociedad y Mara Lezama cumple su palabra de estar al lado de la gente, que debe recibir el servicio concesionado con la calidad, eficiencia y costo adecuados, es decir, “como se lo debe dar a la sociedad”.
Sirva este caso para revisar la adicción de algunas instancias con las concesiones de los servicios públicos, como es el caso del municipio de Benito Juárez, cuya titular Ana Patricia Peralta, ha dicho que va a concesionar todo el servicio de la recolección y destino final de la basura, para que sean los concesionarios que aporten “hasta el terreno”.
O el caso del Imoveqroo, cuyo titular Rodrigo Alcázar Urrutia, también quiere concesionar el cobro de las licencias de manejo que ya arrebató a los municipios para entregárselo a particulares, y si no le permiten la vía concesión, ya amenazó que los contratará de manera directa, o sea, que lo suyo lo suyo, también es hacer negocios con los particulares afines.
Esta muestra positiva de voluntad política de la gobernadora, deberá marcar la pauta de un cambio en la tendencia a privatizar todos los servicios públicos, fórmula que ha demostrado ser leonina para las finanzas públicas, que es dinero del pueblo, al igual que las inversiones vía Asociación Público Privada (APP) que tanto emocionan al actual titular de la Agepro. Usted tiene la última palabra.
