Alejandro Peza
CHETUMAL.-Grupos de motociclistas en la región sur de Quintana Roo confirmaron que se interpusieron 380 juicios de amparo y se obtuvieron 130 suspensiones provisionales para evitar que se aplique la Ley Chaleco en el estado.
Al vencer este jueves el plazo legal para cualquier reclamo legal, los grupos de motociclistas aseguran que avanzan en su intención de evitar la aplicación del artículo 218 bis de la ley de movilidad, desde donde se pretende imponer la obligación, a los usuarios de motos, de usar casco y chalecos rotulados con sus números de placas.
Juan Carlos Encalada, abogado y representante de los grupos de motociclistas en la zona sur, advirtió que minutos antes de la media noche del miércoles, vencio el plazo legal para interponer algún recurso legal para evitar esa obligación, que consideran ilegal, por la supuesta estigmatización de los motociclistas y etiquetarlos como potenciales delincuentes.
El abogado, precisó que la ley de movilidad, si bien está vigente, no puede ser aplicada todavía, ante la falta de los reglamentos, los cuales deben ser emitidos para cada ayuntamiento, y por ello la propia ley impide realizar algún acto o sanción para obligar el uso de casco y chalecos rotulados.
El 22 de julio pasado la XVII Legislatura reformó con celeridad la Ley de Movilidad de Quintana Roo. Dicho artículo causó inconformidad, pues obliga a los motociclistas a portar cascos y chalecos con matrícula visible.
Dos días después fue publicada en el Diario Oficial del Estado y aplicaría en 60 días.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo fundamentan la reforma en seguridad para los propios motociclistas y sus unidades.
Pero al ser considerada como instrumento recaudatorio, pues si bien la primera vez el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) aportará en forma gratuito “el kit”; los siguientes deberán ser adquiridos.
El costo actual proyectado por tal indumentaria es de dos mil 200 pesos, que incrementará cada año.
Los movimientos de protesta de los motociclistas obligaron al Gobierno del Estado a instalar mesas de diálogo.
