Por: Jorge A. Martínez Lugo
La gobernabilidad en Quintana Roo y la marcha del turismo están en riesgo, por la imposición del poder fáctico de las mafias taxistas, que mantienen sometido al gobierno del estado.
En el marco del discurso del “modelo agotado”, las mafias taxistas desafían al estado de derecho, lo cual es una oportunidad para meter orden y someter a la ley, a grupos de interés que se aferran a que todo siga igual.
Dirigencias taxistas se han fortalecido entre la corrupción, el monopolio y el crimen. El gobierno 4T ¿asumirá el reto o mantendrá la política de “dejar hacer, dejar pasar”?
COMPLICIDAD ELECTORAL TAXISTAS-GOBIERNOS
El tema de las placas de taxi, proviene de un modelo de dádivas, similar a notarías y patentes alcohólicas, propio del viejo régimen priísta, de control corporativo y electoral.
En complicidad con gobiernos que fueron perdiendo fuerza, en la misma medida que dependían cada vez más, de los servicios de taxistas para el día “D” de las elecciones. Después de cada elección, los taxistas ganaban poder e impunidad, mientras los servicios de taxi, cada vez más caros y malos. Los fraudes electorales cuestan mucho dinero y los termina pagando la sociedad.
DIAGNÓSTICO DE CONCESIONARIOS DE PLACAS
Es fundamental que el gobierno 4T informe a la sociedad un diagnóstico de las concesiones de placas de taxis. Es información pública, por tratarse de un servicio que debe garantizar un derecho humano.
Son servicios que se concesionan a particulares; no se venden en propiedad; el gobierno siempre se reserva la facultad de retirarlos, cuando convenga así al interés general.
En Quintana Roo las placas han sido botín económico y moneda de cambio para el pago de favores políticos. Debería informarse a la sociedad, la lista de concesionarios que tienen desde 50 placas y más.
EL QUE NO TRANSA NO AVANZA
Se podrá comprobar que son ex funcionarios y ex gobernadores con sus familias, que han acumulado placas desde que Quintana Roo nació como estado libre y soberano. Más de 45 años de acaparamiento de placas y patentes, para vivir de sus rentas después de la política: “el que no transa, no avanza”.
Cada grupo cercano a los gobernadores y ellos mismos, han acaparado placas y contratan a operadores, bajo condiciones de hambre y explotación, sin servicios médicos ni sociales; muchos con más de veinte años de antigüedad esperando una placa que nunca llega, porque se acaparan arriba, desde el palacio de gobierno.
INTERESES PRIVADOS DEFINEN POLÍTICA PÚBLICA
Lo que está en riesgo es precisamente el interés público de contar con servicios de movilidad eficientes, seguros y accesibles, tanto para los turistas como para los quintanarroenses.
Es el derecho humano a la movilidad digna, consagrada en la constitución y en los tratados internacionales. Somos un polo turístico de clase mundial con servicio de transporte de tercer mundo. Por eso el “modelo agotado”.
PODER CASH
La situación de violencia, agresiones y atentados contra choferes de autobuses urbanos y operadores de Uber, Didi y otras plataformas, transgreden la ley con toda impunidad; los taxistas son “poder cash”; han sido intocables, hasta ahora.
Desde Joaquín Hendricks se ha intentado sanear al sector de transporte de pasajeros, pero ha predominado el poder fáctico de las mafias de dirigentes taxistas, que una y otra vez, han frenado la reforma legislativa y la han revertido después de publicadas.
El último intento fue de Carlos Joaquín. A los dos años de su gobierno el Congreso aprobó la nueva ley de movilidad, pero fracasó porque los taxistas se opusieron, bloquearon calles, sometieron a operadores-martillos y terminaron imponiendo sus intereses de grupo por encima de los intereses de la sociedad. La complicidad histórica taxistas-gobiernos prevalece y ha llegado a un callejón sin salida.
POSTERGA DECISIÓN EL JUZGADO FEDERAL
La postergación de la decisión del Poder Judicial federal, fue otro triunfo para las dirigencias taxistas, que amenazan con provocar caos vial en Quintana Roo y siguen haciendo justicia por propia mano contra choferes urbanos y taxistas de plataformas.
La llegada de una gobernadora legitimada en las urnas, con el compromiso de impulsar la transformación en Quintana Roo y sentar las bases para superar el “modelo agotado” del turismo, es oportunidad irrepetible para lograr una solución y asumir el control público de la movilidad de pasajeros, hoy en manos de mafias de dirigentes taxistas.
REASIGNAR PLACAS A MARTILLOS
¿Porque no hacer una reestructuración y reasignación de concesiones de placas?, comenzando por los concesionarios que acaparan desde 50 placas y más, para entregarlas a los martillos de mayor antigüedad.
Esto sería recuperar el espíritu de las concesiones públicas a particulares para prestar un servicio, del cual dependen la gobernabilidad política y la buena marcha de la economía, con justicia social.
Hoy la gobernabilidad y la marcha de la economía está en riesgo, por la imposición de las mafias taxistas que mantienen sometido al gobierno del estado.
¿Habrá transformación en taxistas o seguirá gobernando el poder fáctico de las dirigencias de los sindicatos taxistas en Quintana Roo? Usted tiene la última palabra.
