Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- En su presupuesto 2020, el Congreso del estado destinó para el capítulo 1000 de “Servicios Personales” 8.2 millones de pesos por encima de lo que permite la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación esa decisión de los diputados generó que el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo inicie el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
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Según el informe, los diputados aprobaron en 2020 para el capítulo 1000, donde están sueldos y compensaciones, 313.8 millones de pesos, casi 23 millones de pesos más que en 2019.
Pero ese aumento, que se gestó desde la Jucopo durante las presidencias de Reyna Durán y Gustavo Miranda, superó lo que autoriza la Ley de Disciplina Financiera en más de 8 millones 234 mil pesos.
Así lo explica el informe de la ASF:
“La Legislatura del Estado de Quintana Roo proporcionó las variables utilizadas para la proyección de la asignación de recursos al capítulo 1000 “Servicios Personales” en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, al cual le asignaron 313,792.8 miles de pesos, importe que presentó un incremento respecto del monto aprobado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por 22,950.7 miles de pesos, que representó el 7.9%, por lo cual excedió el límite establecido del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio presupuestado por 8,234.1 miles de pesos”.
La ASF consideró que “la Legislatura del Estado de Quintana Roo infringió la normativa, principalmente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que el cálculo de la asignación global de servicios personales para el ejercicio fiscal 2020 rebasó el límite establecido en la normativa”.
Por ese motivo, el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, e integró el expediente número PLE/OIC/QD/AIV/EPRA/031/2021.
SE APRUEBA DE MÁS, PERO PAGA DE MENOS
Lo más extraño del caso, es que luego de aprobarse más dinero del permitido, el Congreso pagó de menos, lo cual es también una irregularidad.
La ASF explica en su informe que la Legislatura del Estado asignó para servicios personales 313.8 millones, e incluso luego los incrementó a 319.8 millones, pero finalmente pagó 300.5 millones, lo cual no cumplió con la normativa y generó otro procedimiento para determinar si hubo responsabilidades administrativas.
Con información de La Opinión de Quintana Roo
