Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Representantes de las organizaciones “Una luz en el camino de Quintana Roo” y Unificación Integral Quintanarroense exigieron a diputados del Congreso del Estado trabajar en la creación del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Se trata de favorecer a unos 65 mil ciudadanos quintanarroenses que padecen algún tipo de discapacidad y que prácticamente se encuentran en el olvido.
El representante de la Asociación Civil Invidentes y Débiles Visuales “Una luz en el camino de Quintana Roo”, Manuel Jesús Santamaría Mex, demandó mayor atención a este sector vulnerable de la población que sigue padeciendo la falta de infraestructura urbana que facilite su libre movilidad.
De hecho, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Quintana Roo obliga a los gobiernos del Estado y municipales, así como a comerciantes y prestadores de servicios a contar con rampas, pasamanos y estacionamiento en sus edificios, pero simplemente no se aplica.
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“Estamos peor que hace diez años cuando no teníamos una ley, porque hoy que la tenemos no se aplica, ni se vigila, ni se regula y menos se actualiza”, dijo en tono poco amistoso Don Manuel Jesús a los medios de comunicación que lo rodeaban.
A su vez, Christian Muñoz Castillo, presidente de Unificación Integral Quintanarroense, entregó en los cubículos de los 25 diputados de la XVII Legislatura, un documento donde los exhorta a cumplir la ley y poner en marcha el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues es algo que ya está avalado.
El año pasado la misma petición se hizo a los legisladores pero hicieron “oídos sordos”.
Muñoz Castillo confió en que ahora sí los diputados cumplan y puedan incluir en el presupuesto de egresos del próximo año la creación de este Instituto que estaría al pendiente de que se respete la Ley y se adapten los edificios públicos y privados a las necesidades de las personas con discapacidad.
Aprovechó para solicitar a los legisladores a que exhorte al Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) para que sus operadores no discriminen a las personas con discapacidad negándoles el servicio.
“El 70 por ciento de los taxistas de Chetumal simplemente no paran cuando un discapacitado les pide servicio en la vía pública; ni siquiera los voltean a ver”, recriminó Muñoz Castillo.
Incluso, el Suchaa recogió la concesión que tenía rentada a la agrupación que ofrecía el servicio inclusivo.
En el Congreso del Estado no hubo diputado alguno que los atendiera.
En Othón P. Blanco se estima que existen 25 mil personas con discapacidad, de los cuales la mayoría no tiene medios de transporte.
