Agencias
CANCÚN.- Un grupo de madres de personas desaparecidas en Quintana Roo, se manifestó afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde volvieron a evidenciar la falta de interés y negligencia por parte de la dependencia.
Además, dieron a conocer que se deslindan del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia“, pues buscarán integrar su propio colectivo de madres buscadoras.
Entre los casos que fueron recordados en la manifestación, se encuentra el de Jorge Armando Kiau Rodríguez, quien desde hace tres años fue sacado de la discoteca Emporio, ubicada en la plaza Infinity, sin que hasta la fecha se sepa de él.
Su madre Luisa Rodriguez Canto, dijo que la Fiscalía General del Estado cateó dos domicilios en Bonfil, donde se presume que fue llevado, pero no efectuó labores de búsqueda, y ni siquiera analizaron una mancha de sangre hallada en uno de estos lugares.
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Aseguró que las mesas de trabajo creadas luego de sus anteriores manifestaciones, por la falta de resultados, solo han servido para que los funcionarios puedan “zafarse”, ya que en cada reunión solo dicen que están trabajando, sin que vean resultados reales.
“Siento mucha rabia e impotencia. La gobernadora se comprometió a revisar nuestros casos más de cerca, pero hasta ahora nada. Si fuera por ellos, ya darían carpetazo, pero no pueden, porque estamos detrás de ellos”, aseguró.
También estaba Daysi Blanco, madre de la menor Fernanda Cayetana, quien lleva desaparecida siete meses.
Por este caso hay un detenido y a decir su madre, fluidos biológicos y posible sangre fueron hallados en el domicilio del detenido, quien se cree que se llevó a la menor y aunque fueron recolectados hace casi seis meses, hasta ahora tampoco hay estudios de estas muestras.
“Yo he dado con su paradero y personalmente iré por ella, sin las autoridades, porque ya vi que no hacen ni harán nada”, dijo.
María Dolores Patrón Pat, madre de Francisca Mariner Flores Patrón, desaparecida desde hace dos años y siete meses, lamenta que pese a que ellos investigaron y lograron obtener los elementos para detener a su presunto victimario, quien está vinculado a proceso, la Fiscalía no avanza en las investigaciones y corren el riesgo de que no puedan lograr su condena.
En su caso, pesa la gravísima omisión de la Fiscalía General del Estado, quien no solicitó los datos del celular de la víctima, ni de su presunto victimario, durante dos años que duraron en la empresa de telefonía.
“Cuando denuncié, me dijeron que mi hija se fue con otro hombre y que esperara tres meses. Sus acciones de búsqueda son solo paseos en el monte. Las mesas son solo para hablar con otras madres buscadoras, pero no hay planes de trabajo. Es pérdida de tiempo” dijo.
Fabiola Cortés Miranda, abogada de estas mujeres, comentó que le solicitarán al juez que obligue a la Fiscalía a que efectúe los actos de investigación que les han pedido y que no ha querido hacer, y que también llevan el caso de Antonio Padilla, joven desaparecido en 2017 en la discoteca Kiss.
“En este caso, las irregularidades son peores, porque no aseguraron ni catearon este local y tampoco revisaron las cámaras de video del sitio, que ya no existen. Entrevistaron a testigos y al personal de la discoteca, pero no usaron nada de lo que declararon para efectuar acciones de investigación. Hay cámaras del C4 en las cercanías de esta discoteca, pero aunque consiguieron las grabaciones, a más de cinco años del hecho, todavía no las analizan” indicó.
Con información de Red Informativa del Sureste (RIS)
