Francisco Javier Robles / NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La diputada Luz María Beristaín Navarrete, ingresó al Congreso del Estado un punto de acuerdo solicitando a la Auditoría Superior del Estado que realice una auditoría de las finanzas de la Desarrolladora Riviera Maya (Derimaya).
Denunció que la empresa con participación estatal, que por décadas ha cobrado cuotas a los habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio, de Playa del Carmen, sin tener la propiedad acreditada sobre estos terrenos; además, entabló un litigio que frenó la regularización de dicho asentamiento.
En el punto de acuerdo, la legisladora recordó que desde la creación de Derimaya -en diciembre de 1999- ha estado exenta de vigilancia por parte de la Auditoría Superior del Estado, por no figurar dentro de la lista de paraestatales del Gobierno del Estado, pese a que en ella la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedatus) figura con el 51 por ciento de participación en su constitución.
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La diputada morenista aseguró que Derimaya ha recibido recursos públicos; no obstante, ha sido usada por particulares para adueñarse de bienes propios del Estado, en abierta violación de la ley y, hasta la fecha, se desconoce su situación financiera y uso de recursos o bienes públicos.
“Por 23 años ha operado con total opacidad, aprovechando la necesidad de los habitantes de la Luis Donaldo Colosio, en Solidaridad, y lucrado con el dolor de esas familias, provocando corrupción y apropiación de bienes de la Hacienda Pública”, señala el documento ingresado al Congreso por Beristaín Navarrete.
A lo anterior, se suma el litigio iniciado por la compañía y que mantiene congelado el proceso de regularización de esta zona habitacional, en desafío al decreto de la Sedatu, publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el año pasado.
Luz María recordó que, en días pasados, acompañó a vecinos de la Colosio en una marcha pacífica por calles de Playa del Carmen, “clausurando” simbólicamente las oficinas de Derimaya, por insistir en sus cobros ilegítimos e impedir su regularización.
