Carlos Chablé Mendoza
En agosto del año pasado comenté en mi artículo titulado “Lo que mal empieza mal acaba” que este dicho de los abuelos y abuelas es asertivo, que así siempre ocurre y con toda su fuerza.
Decíamos con motivo de las elecciones de 2024, que “todos, sin excepción, han permitido que el presidente López Obrador establezca su marco en el que resolverá el tema de la sucesión, marco favorable para desarrollar una farsa de democracia que arrojará el resultado deseado por él: imponer a su candidata”, y así sucedió.
“Desde que destapó a sus corcholatas, todo lo realizado después por estas con su venia es igual de ilegal. O sea, violatorio del marco legal que debería respetarse de principio a fin en los procesos electorales”.
Así, durante las campañas por la presidencia de la república y senadurías “la oposición, lejos de entablar de manera efectiva una denuncia y pleito legal contra el partido-gobierno, se sumó a la violación de la legislación electoral. El INE que debiera vigilar el cumplimiento de la ley está en manos del presidente, así escribimos hace un año, pronosticamos lo que vendría y así ocurrió. Candidatos usurpadores de identidades indígenas hicieron campañas con impunidad,chantajeando además con programas sociales, comprando votos, amenazando y usando obras federales, etc. igual , igualito que en gobiernos anteriores.
Candidatas y candidatos, repito, por ambos bandos y sobre todo las campañas por la presidencia de la república, se desarrollaron violando la ley, y dijimos: “cuando se realice por fin la jornada electoral también se realizará en un contexto plagado de irregularidades y más violaciones a la legalidad electoral; cuando se den los resultados muchos de estos seguramente serán denunciados, puestos en duda, impugnados por unos y por otros… en los diversos escenarios: distritales, municipales, estatales y federal”. Además, López Obrador mandó al diablo a las instituciones ciudadanizadas y exclamó aquello de “que no me vengan con que la ley es la ley” y estableció sus reglas del juego que nada tienen que ver con la democracia que necesita el país.
Ojalá prosperen las impugnaciones que presenten los representantes de los partidos opositores, que logren reestablecer la legalidad. En algunos estados y municipios del país, como Jalisco, Chetumal y Carrillo Puerto, las candidatas y candidatos tienen la responsabilidad de encabezar la lucha por defender sus triunfos, de liderear la resistencia ciudadana. Lo ocurrido este domingo en los cómputos municipales es solo una de muchas batallas por impedir que se consolide el autoritarismo, la corrupción y la impunidad, no es la última. La palabra y acción siguen siendo de las y los ciudadanos que rompieron el silencio, que votaron con dignidad y valentía, y que siguen en movimiento.
