Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Líderes y activistas sociales en el sur de Quintana Roo coinciden en que para las elecciones del año 2022 habrá un duro voto de castigo en contra de la administración del gobernador Carlos Joaquín González.
Alberto Villanueva Coral, presidente del Frente Cívico Quintanarroense, indicó que hay muchos reclamos en contra de la actual administración estatal, que inciden directamente en el bienestar de las familias.
“Una situación relacionada con el bienestar económico es el empleo, y esta administración en lugar de mejorar las condiciones laborales, una de las primeras acciones fue dar de baja a miles de burócratas”.
El activista, precisó que esta administración del gobierno estatal sirvió como agencia de colocación y empleo pues trajo a Quintana Roo a cerca de cinco mil personas de otros puntos del país, principalmente del centro, para emplearlos en la administración pública estatal.
Dijo que “Esta es una de las razones por la que se creó el Frente Cívico, dijo, cuyo objetivo principal en estos momentos es lograr el requisito de la residencia de 10 años para ocupar cargos públicos”.
Como ejemplo de las afectaciones del salario de los empleados estatales recordó que a los trabajadores del Colegio de Bachilleres les recortó el 50 por ciento de las prestaciones, dinero del cual se desconoce su paradero y que “seguramente se irán al manejo de la campaña o al bolsillo de alguien”.
En el bulevar Bahía inició una obra de remodelación por 140 millones de pesos, pero solo se trata de una forma de obtener recursos, consideró.
“La obra es posible que no se concluya; dijeron que son 13 meses de ejecución y queda menos de un año para que concluyan”, agregó.
“Totalmente quedó a deber el Gobierno del Cambio; se le queda a deber al sur del estado, por vox populi se conoce que la gente ha sido lesionada, lastimada, corrida de varias dependencias, muchos profesionistas que han salido de las escuelas no encuentran trabajo”.
Desde su punto de vista en el sur del estado se nota más la precaria situación económica.
En el norte, indicó, la actividad turística y el número de empresas impulsan la economía, algo que no se ha podido lograr en el sur del estado.
En seguridad pública en todo el estado ya de forma cotidiana se tiene conocimiento de ejecutados, de embolsados y cobro derecho de piso.
Es algo que ya se está normalizando también en el sur del estado, es un tema pendiente que no ha tenido solución.
Estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública indican que en lo que va del año ya suman más de 28 muertes violentas tan solo en Othón P. Blanco.
“Ya no se trata de casos aislados, es algo que ocurre y es una realidad que no ha tenido resultados”, asentó.
Para Andrés Blanco Cruz, activista, abogado y representante de la Central Campesina Cardenista (CCC), hay un total desencanto contra la administración estatal y en general de toda la clase política.
El Gobierno del Estado no ha tenido la voluntad para los temas de interés de la sociedad quintanarroense, dijo.
El centro y sur del estado, agregó, ha quedado en el olvido para el Gobierno del Cambio, que encabeza Carlos Joaquín.
No hay inversión en obra pública, desatención en campo, salud, educación y la economía.
Destacó que ha fungido como abogado defensor de las comunidades de la zona limítrofe con Campeche, actualmente en litigio.
En esta zona, para llevar agua potable, se han tenido que ganar amparos contra el Gobierno del Estado y lograr órdenes judiciales, pues no ha tenido la voluntad para hacerlo, pese a que se trata de su territorio de acuerdo con la propia Constitución local.
En tanto para Reynaldo Blanco Baeza, presidente del Comité Cívico Prodefensa de los Límites Territoriales de Quintana Roo la falta de resultados y de atención a las demandas ciudadanas tendrá un efecto negativo en contra de los candidatos afines al gobierno de Carlos Joaquín.
Desde su punto de vista se han hecho esfuerzos, pero no han sido los suficientes y la situación de abandono que tiene al sur del estado es notorio.
“Las comunidades rurales son las que menos beneficios han tenido y en el caso de la zona limítrofe, aunque de alguna manera se atiende el tema jurídico, hay una desatención directa sobre todo en materia de servicios”.
Es claro, aseguró, que todo ello incidirá en contra pues son las familias las que resultan afectadas. En el proceso electoral que inicia en enero, a través del cual se elegirá al próximo gobernador y diputados locales, se verá el reflejo del trabajo no realizado.
