Por Martín G. Iglesias
Muchos piensan que es fácil retirar una concesión otorgada por un Estado o Municipio a un particular, sea de recolección de basura, de servicio de transporte público o de agua potable, tratamiento y drenaje.
Pero no es así, porque no sólo implican cuestiones legales, sino también económicas y sociales, como en el caso de la consulta para retirarle la concesión del agua potable, saneamiento y drenaje a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) Aguakan, que el diputado Julián Javier Ricalde Magaña quiere convertir en un tema político, cuando tiene que ver con justicia administrativa.
La entrega de la concesión a Aguakan en Benito Juárez data de octubre de 1993, cuando Carlos Javier Cardín Pérez era presidente Municipal, y en Isla Mujeres gobernaba Jorge Luis Cárdenas Bazán; el gobernador era Mario Ernesto Villanueva Madrid, la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado era por 30 años, o sea que en noviembre de este año se vencía.
Sin embargo, en noviembre de 2014 la XIV Legislatura decidió ampliar “anticipadamente” por 30 años más dicha concesión a solicitud de José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley, donde incluían a Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen), por una contraprestación de 1 mil 50 millones de pesos por parte de Aguakan.
“El tema de Aguakan es una madeja difícil de desenredar, porque desde origen, la concesión se hizo para proteger a la empresa y no a los ciudadanos”, me dice el diputado presidente de la Comisión Especial para el tema de Aguakan en la XVII Legislatura, Humberto Aldana Navarro.
La razón que dio origen a la Consulta Popular en 2021 fue por las constantes quejas en la prestación del servicio de Aguakan, donde los usuarios argumentaron cobros excesivos, aire en las tuberías en lugar de agua, destrucción de las vialidades, mal trato en las oficinas de la empresa, entre otros. Dicha consulta fue aprobada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y de acuerdo con el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), fue vinculatoria en tres de los cuatro municipios: Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos.
Otro de los problemas, es que ahora DHC-Aguakan ya no es de un solo dueño, Jorge Ballesteros Franco, sino debido a su bursatilización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014, cualquiera en cualquier parte del mundo puede tener acciones de la empresa, así que esta es otra de las madejas e impedimento legal para actuar de manera rápida con el tema.
Humberto Aldana Navarro, me comentó que será hasta septiembre cuando se emitan un dictamen con relación a Aguakan, para que finalmente el Tribunal de Justicia Administrativa determine la salida o permanencia de la empresa.
Esta semana la Comisión que preside analizará todas las aristas del tema y que el dictamen emitido se basará en un informe que presentará la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) con relación al contrato-concesión a fin de determinar si hay o no incumplimientos con la distribución del vital líquido, el cual se sumará al resolutivo del Gobierno del Estado y de los municipios donde la consulta fue vinculante. Al tiempo…
SASCAB
Por cierto, podría ser este lunes 3 de julio cuando la Comisión Permanente de la XVII Legislatura al Congreso del Estado, convoque a un período extraordinario de sesiones, para iniciar el procedimiento de nombrar al nuevo Fiscal General del Estado (FGE), informó la diputada Mildred Ávila Vera, presidenta de la mesa directiva.
Y es que, de acuerdo con el coordinador del Grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Humberto Aldana, no hay que darle mucho tiempo para el nombramiento de quien estará a cargo de la FGE, pues es necesario que la operatividad de impartición continúe, con el fin de respaldar en los hechos las acciones que viene realizando la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para devolver a los quintanarroenses la paz y tranquilidad. Ahí se las dejo…
