Aunque Morena se consolidó rápidamente en Quintana Roo y, desde 2019, domina el Congreso local (con sus aliados), muchos de sus integrantes aún no entienden que su partido es de izquierda.
Para muchos morenistas, ser de izquierda parece reducirse a implementar programas asistenciales, repartir “ayudas” o, incluso, comer en fondas y puestos callejeros. Sí, pero no, diría el clásico.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido elogios en círculos progresistas de Europa por políticas que van incluso más a la izquierda que las de su antecesor. Sin embargo, esas mismas acciones están poniendo de cabeza a Morena en Quintana Roo.
Un principio básico de los gobiernos progresistas es gravar a los grandes capitales mediante impuestos. Otro, “de cajón”, es que los servicios públicos esenciales, como el agua potable, no estén en manos privadas.
Por cierto, en el municipio de Benito Juárez (Cancún) casi todos los servicios públicos siguen privatizados, y ni tres administraciones municipales ni cuatro legislaturas dominadas por Morena han movido un dedo al respecto.
Sheinbaum, como líder de un gobierno que presume ser de izquierda, dio luz verde para que los cruceristas paguen un impuesto de 42 dólares. Otra medida en proceso es acelerar la salida de Aguakán, bajo el argumento de que el servicio de agua potable no debe estar en manos privadas.
Estas decisiones deberían ser motivo de celebración para el morenismo caribeño. Sin embargo, parecen haber provocado un “shock” cultural. Más impuestos a las empresas turísticas y la reestatización del agua potable no están, al parecer, en el imaginario de la 4T de Quintana Roo.
De hecho, estas medidas desnudan un choque ideológico. Muchos de los representantes del morenismo local provienen de gobiernos neoliberales del PRIAN o, abiertamente, son conservadores disfrazados.
La izquierda llegó a Quintana Roo en 2019. Ahora solo falta que sus representantes aprendan, al menos, el ABC de lo que significa un gobierno de izquierda.
