Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo.
En diciembre del año pasado, la mayoría en el Congreso de la Unión conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo aprobaron reformar las leyes generales de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas sin publicar las iniciativas previamente y dar tiempo para su estudio y discusión.
El proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán propuso declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de esas reformas, debido a esos vicios en el trámite legislativo al momento de discutir y aprobar la reforma impulsada por Morena y sus aliados.
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El proyecto tuvo el respaldo de nueve ministros que estimaron que existió una violación al procedimiento legislativo, lo que implica la invalidez de las leyes que se aprobaron.
“Nuestras decisiones gustarán a unos y disgustarán a otros”, señaló la ministra Margarita Ríos Farjat en su intervención.
En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá mencionó que la Suprema Corte no puede validar las violaciones al proceso legislativo “solamente por ser aprobadas por una mayoría”, ya que las bancadas de los partidos que conforman la oposición no conocieron la iniciativa previo a su discusión y votación.
“Me parece que sí existen violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera determinante la deliberación democrática de las normas”, sostuvo el ministro Arturo Zaldívar, ya que se privó a los legisladores de oposición de discutir en condiciones de igualdad.
Sólo las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto, pues consideraron que no existieron dichas violaciones.
La ministra Yasmín Esquivel incluso justificó que los dispendios de trámite han sido una práctica “común y aceptada” en los congresos locales, y que es un instrumento imprescindible para la creación de leyes.
