Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- En Benito Juárez es de suma relevancia contar con un Instituto de Movilidad, pero se deben tomar en cuenta varios puntos antes de consolidarlo, principalmente apegarlo a lo estipulado en la Ley General de movilidad, señalaron desde el Observatorio Legislativo.
Fue el jueves 1 de septiembre cuando se presentó la iniciativa en sesión de Cabildo para la conformación del Instituto, lo que consideraron de vital importancia para atender los graves problemas que ha tenido el municipio: la movilidad y el transporte público.
“Sin embargo debemos hacer las siguientes observaciones y comentarios: Es necesaria la formación del Instituto Municipal para atender este problema, pero apegado normativamente a lo estipulado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que aún está pendiente de armonizarse en la Ley estatal”, explicaron desde el Observatorio, representado por Eduardo Galaviz Ibarra.
Entre las observaciones denunciaron que se pretende asumir atribuciones y funciones que ya tienen otras áreas como el IMPLAN y Desarrollo Urbano, así como regular la transportación de particulares y de concesiones que no están dentro de su área de competencia como las del transporte federal y estatal.
Preocupa que se incluya la incorporación de las funciones de la Policía de Tránsito en el Instituto tal y como lo incluye en los transitorios la iniciativa, porque podría ser inconstitucional, debido a que Tránsito está dentro de las funciones de la seguridad pública, además que no se encuentra dentro de las funciones y atribuciones que marca la Ley General.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
“En la propuesta de la formación del Instituto no considera lo correspondiente a la formación de un Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial tal y como lo señala la Ley General, tampoco la inclusión de ciudadanos en su Consejo Directivo que deben de considerarse de acuerdo a la normatividad municipal”, añadieron.
