Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL – La Comisión Permanente de la XVII Legislatura del Estado dio lectura a una iniciativa que propone establecer en ley que las personas sentenciadas como deudores alimentarios o aquellas inscritas en el registro estatal como personas que cometieron violencia política contra la mujer, no puedan acceder a puestos de elección popular.
En la sesión número 15, presidida por la diputada Mildred Ávila Vera, se dio lectura a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Elda María Xix Euán y por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, ambos del grupo legislativo de MORENA.
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En la exposición de motivos, se expone que la propuesta busca erradicar la cultura patriarcal y establecer una nueva cultura que rompa con los paradigmas de violencia, evitando vacíos legales que den pie a interpretaciones jurídicas para que aquellas personas violentadoras puedan continuar causando daño desde cargos de elección popular.
La propuesta plantea establecer supuestos de inelegibilidad que antes solo eran considerados con efectos declarativos y publicitarios, para que los tribunales electorales tengan en la norma jurídica las herramientas para que puedan emitir resoluciones con perspectiva de género.
De esta forma, se propone establecer en ley que las personas que sean sentenciadas en materia familiar o penalmente como deudor alimentario o moroso, por atentar contra las obligaciones alimentarias, así como aquellas personas que se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, no puedan acceder a puestos de elección popular hasta que se cumpla con el término previsto de su sanción.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa presentada por la diputada Mildred Ávila Vera y el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, para adicionar un capítulo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, denominado de los Centros de Justicia para las Mujeres, con el propósito de homologar las atribuciones de dichos centros, así como abrir el camino para su fortalecimiento operativo y presupuestal.
Por último, se dio lectura a una iniciativa presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, del grupo legislativo del PT, para reformar diversas disposiciones de las leyes de Hacienda de los municipios de Benito Juárez, Bacalar, Cozumel, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y de Tulum, así como de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, en materia de derechos de autor.
La iniciativa busca reconocer el derecho de los autores y compositores a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra en espectáculos públicos y/o establecimientos mercantiles.
Para ello, se propone incorporar como requisito para la expedición y refrendo o renovación de la licencia de funcionamiento municipal a los establecimientos comerciales que, por su naturaleza pongan obras musicales y audiovisuales al alcance de un grupo de personas, la existencia de una autorización o convenio vigente celebrado con la Sociedad de Gestión Colectiva para que puedan operar.
