Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com
Desde finales del año pasado la prensa ha estado señalando que existe una posibilidad de que Estados Unidos solicite un panel de controversia, basado en su interpretación del Tratado México-Estados Unidos Canadá, T-MEC, el que sustituyó al TLC.
La razón: el Presidente mexicano aprobó a finales de 2020 un Decreto para proteger el maíz nativo y la salud de la población frente a agroquímicos y ordena revocar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de los mexicanos (El País, 24/01/2023). En las negociaciones conducidas por la nueva Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, se planteó modificar la entrada en vigor de dicho Decreto, en vez de 2024 sería en 2025. La medida no fue bien recibida por los estadounidenses, por lo que la posibilidad de echar a andar el panel de controversias sea una realidad. Las negociaciones continúan.
México es el principal importador de maíz de Estados Unidos; en 2021-2022, la compra fue de 5 mil 121 millones de dólares (La Jornada, 29/01/2023), aunque el destino de la mayor parte del grano, amarillo, transgénico, fue para animales. Nada mal como negocio, lo que explica la preocupación de los americanos.
En maíz blanco, México produce casi lo suficiente para cubrir la demanda interna, pero hay preocupación porque la productividad está correlacionada con factores globales como el cambio climático, la erosión de los suelos, la dependencia tecnológica. Y, por supuesto, políticas públicas nacionales.
No es extraño escuchar en las discusiones sobre el tema la alta dependencia que México tiene en materia de tecnología agrícola. Hay una enorme falta de generación de conocimiento y tecnología, y no necesariamente para todos los sistemas la respuesta está en la tecnología de la revolución verde, ni en la de los organismos genéticamente modificados, ni en la digitalización de la agricultura. Tampoco es extraño escuchar en esas discusiones que al eliminar la importación de grano transgénico no habría oferta en el mercado de grano no transgénico lo suficientemente grande para atender la demanda de México. ¡Estamos hablando de alrededor de 20 millones de toneladas al año!
Hay estados en donde la producción de maíz no pinta. Quintana Roo es uno de ellos. Por otro lado, no olvidemos que los campos de alta producción se basan en tecnología que no fue creada para las condiciones ecológicas (suelo, clima, biodiversidad, pedregosidad, topografía, disponibilidad de agua) presentes en la península de Yucatán. Y la implantación de esa tecnología en nuestra región no demuestra incremento importante en la producción. Ante esta situación, sería un error pensar en no impulsar el sector primario de la economía (agricultura) y descansar solamente en el terciario (turismo). También sería un error, enorme, no echar a andar políticas que innoven no sólo la tecnología sino la visión del tipo de sistemas alimentarios de la región.
Sin duda los americanos pueden esgrimir que México no es autosuficiente en la producción de maíz y por eso está el T-MEC. Pero ¿qué pasaría si se diseña política pública eficaz que permita desarrollar tecnología ad hoc a contextos ecológicos y socioeconómicos con el compromiso de aumentar la productividad, cuidando el ambiente y el tejido social? Otro gallo nos cantaría y podríamos no tener tanta presión en producción de maíz y otros cultivos.
Hay alternativas, hay capacidad y talento, hay agroecólogos; solo falta la política pública que los articule.
Es cuanto.
