Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El director del Instituto de Movilidad en Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcazar, reconoció que tardarán meses para que Uber pueda operar, pese a que ganó un amparo, puesto que aún falta hacer una nueva ley, que permita la prestación de esta modalidad de servicio de transporte privado de pasajeros.
Respecto a la posible detención de taxistas y retiro de sus concesiones en casos de agresiones, como las que se han registrado contra socios conductores de Uber, el titular del Imoveqroo se lavó las manos.
“Esto lleva todo un proceso de ley, no tengo los tiempos exactos, pero falta que se notifique, falta que se modifique la ley y falta que se genere el reglamento, esto va a llevar meses”, adelantó.
El juez añadió que no se puede pedir una concesión a Uber, pero sí tienen que pedir un permiso, mismo que no se puede otorgar porque no existe el marco jurídico, es decir, se metieron en un limbo jurídico del que no pueden salir hasta que se cambie la ley, porque si no hay permisos del instituto, no se puede operar.
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Reconoció que las acciones por parte de los taxistas, que han querido actuar como autoridad, también son ilegales y en ese sentido lo que han platicado con las demás autoridades es trabajar en conjunto, sin embargo, la autoridad debe esperar a que se interpongan las denuncias, tanto en Fiscalía como en Imoveqroo.
“Todo mundo me dice, es que los deberían de castigar, les deberían de quitar (sus concesiones a los taxistas que agreden), yo no puedo si la autoridad competente no me da los elementos, yo no soy la autoridad competente para determinar delitos, ni faltas administrativas, en el bando de buen gobierno, como la alteración del orden público”, argumentó en entrevista para una radio local.
Ante estos actos, aseguró que ya dialogó con el secretario general del ayuntamiento para que ante estos actos se hagan las detenciones por faltas administrativas y entonces se le pueda girar un oficio por parte de la autoridad competente y se pueda iniciar algún proceso de detención.
“La autoridad competente sería la Fiscalía, la que determinaría si existe o no delito y en ese sentido yo poder caminar. Pero al final es una situación donde ambas partes están mal y lo que no se puede permitir es que sucedan estas situaciones, hemos agotado el diálogo y lo seguiremos agotando ambas partes y cuidar la imagen del destino, que no por un acto aislado se piense que el turista está en riesgo”, enfatizó.
La ley establece que cuando se comprueba que hubo delito se puede retirar la concesión, siempre y cuando se agotaran ya todas las instancias y se le notifique al Imoveqroo.
