Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó el proyecto para reformar la Ley Federal de Derechos, a fin de garantizar la rectoría del Estado sobre sus recursos, promover la transparencia y garantizar que los beneficios de los recursos naturales se traduzcan en desarrollo para toda la población.
La reforma contempla elimina la exención de pago de derechos por el uso, explotación o aprovechamiento del espacio aéreo para escuelas de aviación, así como la exención del pago por servicios migratorios para los pasajeros extranjeros de cruceros marítimos, lo que representa un fuerte golpe para Cozumel y Mahahual, puertos quintanarroenses que reciben millones de turistas de cruceros al año.
Los senadores quintanarroenses Eugenio Segura y Anahí González, ambos de Morena, votaron a favor, mientras que la panista Mayuli Martínez votó en contra.
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La minuta que envío la Cámara de Diputados fue aprobada en lo general con 80 votos a favor y 37 en contra. En lo particular, la asamblea rechazó las reservas que presentaron senadores de MC, PT, PVEM, PRI, PAN y Morena, para modificar los artículos 8, 11, 12, 18 A, 63, 198, 220 A, 270, 275 y los artículos tercero y cuarto transitorios, por lo que, con 79 votos a favor y 38 en contra, estas disposiciones fueron avaladas en los términos del dictamen.
El proyecto plantea modificaciones a servicios migratorios, la minería, las telecomunicaciones, así como en aspectos relacionados con el medio ambiente; uso, exploración o aprovechamiento de aguas nacionales, y el espacio aéreo mexicano.
Además, para el 2025 proyecta ingresos por derechos, aprovechamientos y productos por 374 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 10.4 por ciento en términos reales, contra lo programado para el cierre del presente año.
Durante la presentación de votos particulares, Manlio Fabio Beltrones Rivera lamentó que actualmente no se avance en una adecuada federalización de la recaudación, sino que se privilegie la centralización, con lo que se “cercenan” montos a estados a los que no se les reintegran recursos.
Tal es el caso, dijo, del Fondo Minero, cuyos siete mil millones de pesos que poseía en 2020 para repartirse en localidades donde se realiza esa actividad “desapareció” al traerse al centro de la República.
En tribuna, Homero Davis Castro, de Morena, aseguró que la finalidad del dictamen es actualizar el marco jurídico en materia de derechos, para reafirmar el compromiso del Estado con el bienestar de la población y la sostenibilidad de sus recursos estratégicos, como el agua, los minerales y el espectro radioeléctrico, ya que se promueve su uso responsable para que se traduzca en desarrollo para el país.
Por Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón advirtió que el proyecto “es una muestra del populismo de la 4T, porque supuestamente” no propone nuevos derechos, pero en la práctica incrementa los ya existentes. Además, advirtió, sigue la misma tónica orientada a la concentración del poder de los recursos, porque retoma la implementación de “guardaditos y de la partida secreta”.
Waldo Fernández González, del PVEM, precisó que las reformas garantizan el acceso de recursos para la protección del medio ambiente, ya que se generan ingresos adicionales para financiar la conservación de las especies, la reestructuración de ecosistemas y acciones claras y contundentes para mitigar el cambio climático.
Del PRI, Cristina Ruíz Sandoval señaló que los ingresos por ciertos derechos relacionados al turismo y a la migración serán destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sin especificar en qué se van a usar. “Nadie cuestiona la importancia de nuestras Fuerzas Armadas, pero no es razonable que reciban un cheque en blanco, pues la transparencia no está peleada con la seguridad nacional”, subrayó.
Por el PT, Yeidckol Polevnsky Gurwitz manifestó que el objetivo de las reformas es dar continuidad a una política tributaria que permita el desarrollo integral de las personas, porque a diferencia de sexenios anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por contar con finanzas sanas, y que ha priorizado un modelo que busca el crecimiento económico y la distribución de la riqueza.
Francisco Daniel Barreda Pavón, de MC, indicó que el dictamen propone destinar ingresos provenientes de recursos migratorios y aeroportuarios a fideicomisos administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, sin garantizar mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.
