Por Gabriel Alcocer/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Después de un escándalo que ocasionaron dos agentes ministeriales que se vieron involucrados en un accidente de tránsito, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una investigación en contra de éstos, identificados como Marco “M” y Jennifer “F”.
En este caso, la Fiscalía dio a conocer la noche de este jueves que intervino la Vice Fiscalía de Asuntos Internos para determinar su probable responsabilidad en conductas que se apartan de los principios institucionales y también se verificará que cumplan con la reparación total de los daños que ocasionaron a un vehículo estacionado.
El accidente se registró poco antes de la medianoche del miércoles, en la avenida Prolongación Tulum, a la altura de la Supermanzana 237, cuando el agente ministerial, Marco Antonio M. A., de 29 años de edad, conducía un automóvil oficial, tipo Focus, de color rojo y estaba con una compañera de trabajo.
De acuerdo al peritaje, el agente ministerial realizó un viraje, cuando transitaba con velocidad inmoderada y de esta manera, impactó a un vehículo que estaba estacionado, marca Chrysler, tipo Shadow, de color gris, habilitado como camioneta.
Algunos testigos mencionaron que la pareja de agentes ministeriales se encontraba en estado de ebriedad y pretendieron retirarse del lugar, por lo cual los vecinos rodearon su vehículo.
La Fiscalía señaló que los dos elementos fueron asegurados por personal de la Guardia Nacional y posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la FGE Quintana Roo para iniciar las diligencias pertinentes.
Ante los señalamientos en su contra, la FGE indicó que se inició una carpeta de investigación en contra de los servidores públicos, identificados como Marco “M” y Jennifer “F”, por la probable comisión del delito de daño a propiedad ajena y lo que resulte.
“La Fiscalía General del Estado informa que una vez que se practiquen los actos de investigación, de acreditarse alguna falta administrativa y/o hechos delictivos, se procederá en contra de éstos servidores públicos administrativa y/o penalmente; ya que están obligados a que su conducta sea -en todo momento- apegada a los principios institucionales que rigen a esta representación social y tienen el deber de proteger el patrimonio del estado puesto que el vehículo es oficial”, reiteró la dependencia en un comunicado.
