Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
ESTADOS UNIDOS.- La Suprema Corte permitió hoy la entrada en vigor de una ley estatal en Texas que permite que la policía y otras fuerzas de seguridad pública del estado arresten, encarcelen y hasta deporten a México toda persona sospechosa de ser indocumentada, con lo cual se amplía un sistema federal con medidas violentas que aún antes de este último fallo ha llevado a incrementos dramáticos en muertes en la frontera a lo largo de los últimos tres años.
El fallo aprobado 6 contra 3 por el máximo tribunal de la nación permite que la llamada “ley de muestra tus papeles” promovida por el gobernador texano Greg Abbott, entre en vigor mientras un tribunal inferior continúa evaluando la legalidad de la medida, conocida como SB-4. Abbott ha argumentado que, ante la “invasión” de migrantes indocumentados ya que el gobierno federal ha fracasado control, el estado tiene que tomar acción. La ley SB-4 hace ilegal el ingreso a Texas por personas indocumentadas y otorga a las autoridades de seguridad pública locales el derecho de arrestar, detener y deportar a migrantes.
La decisión en Washington provocó de inmediato alarma y pánico en Texas, sobre todo en comunidades latinas y otras que podrían ser ahora blancos de la policía, “Estoy recibiendo llamadas de mi distrito porque temen que sus familias serán separadas o enjauladas por la nueva ley de Muestra tus papeles de Abbott”, declaró el diputado federal de Austin, Greg Casar poco despues del fallo. “Pedirle a la policía cazar texanos que parecen inmigrantes no nos hace más seguros, de hecho distrae a la policía que está investigando delitos reales”.
El diputado federal Joaquín Castro, también de Texas, agregó que “el SB-4 abre la puerta a violaciones de derechos civiles a través de Texas. Esta ley pone un blanco sobre la espalda de cualquiera que la policía piense que es un inmigrante”. Agrupaciones de defensa de derechos de inmigrantes en la frontera de Texas con México tambien condenaron la decisión señalando que el resultado inmediato será fomentar caos y daño en sus comunidades.
El gobierno de Joe Biden se ha opuesto a esta legislación, la cual, según abogados del gobierno federal, entra en conflicto con los poderes reservados exclusivamente para el gobierno federal en asuntos de inmigración incluyendo el arresto y detención, y deportación de migrantes sin documentos. El gobierno mexicano también ha denunciado la ley estatal.
La decisión de este martes es sólo un indicador más de la creciente disfunción del sistema migratorio estadunidense, uno que, según expertos, sólo empeorará al proceder la elección presidencial este año donde el control migratorio es uno de los temas centrales del debate. A fines del año pasado, el gobierno federal presentó una demanda contra el estado de Texas en un intento para obligar la remoción de boyas con alambre y navajas instaladas en el río Bravo por el estado de Texas. Continúa la disputa legal ante tribunales sobre si Texas tiene el derecho de instalar tales barreras, mientras que cada mes se reporta de más migrantes que han sido heridos, algunos letalmente, por estos obstáculos.
Las consecuencias mortales de las políticas sobre control del flujo migrante siguen creciendo. El Washington Office on Latin America (WOLA) difundió un nuevo análisis de datos del gobierno federal que muestran que el número de migrantes muertos recuperados por la Patrulla Fronteriza se ha más que duplicado en los últimos cuatro años y la tendencia sigue a la alza. “Un brinco en el incremento en fatalidades en 2022”, resume Adam Isacson, director de proyectos sobre defensa en WOLA, al reportar un total de 895 muertes de migrantes detectados por la Patrulla Fronteriza. Explicó que la creciente tasa de muerte según los datos oficiales, la cual organizaciones locales creen que es mucho mayor, es en parte resultado de las políticas de control fronterizo que obligan a migrantes a usar rutas más peligrosas para cruzar a Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno de Biden rechazan acusaciones de que sus políticas estén fracasando en la frontera al señalar que han deportado a más gente este último año que Estados Unidos haya deportado en cualquier momento a lo largo de la última década. Un análisis del Washington Post de las medidas del gobierno de Biden sugiere que estas deportaciones, combinadas con mayor verificación de solicitudes de asilo y otras medidas no tendrán gran impacto sin un incremento mucho mayor en financiamiento.
Esta semana, la Casa Blanca y los republicanos en control de la cámara baja aparentemente llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna para la implementación de mayores medidas de control de migración, pero por ahora no hay detalles disponibles.
Con información de La Jornada
