Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.— El Congreso del Estado aprobó la salida de Aguakan de Quintana Roo con base en la consulta pública del 2022 y la abrogación del decreto 250 expedido por la XIV Legislatura para ampliar de manera anticipada el vencimiento del título de concesión del servicio de agua potable y alcantarillado por 30 años más.
El primer contrato de concesión fenece el próximo 31 de diciembre, por lo que, a partir del 1 de enero de 2024, los ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado recibirán toda la infraestructura de agua potable para la administración del servicio.
La legislatura también aprobó que sea la misma Comisión Transitoria Especial para el seguimiento legislativo del caso Aguakan la que se encargue de investigar el destino final de mil 50 millones de pesos que la empresa depositó como contraprestación por la aprobación del contrato de concesión por otros 30 año durante la segunda mitad del gobierno de Roberto Borge Angulo.
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En la máxima tribuna del Estado, el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la citada comisión, adelantó que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias y el peso de la ley recaerá en los responsables.
La iniciativa de Aldana para dejar fuera a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún fue aprobada por unanimidad de los 19 legisladores presentes por la vía del “fast track”, sin necesidad de que fuera turnada a comisiones ordinarias.
El argumento fue que en el Congreso del Estado están representadas todas las fuerzas políticas del Estado y que existen elementos y hechos contundentes que no requieren discusión, además de que el decreto de prestación del servicio vence el próximo 31 de enero.
Estas condiciones obligan a la legislativa a dictar medidas para cumplir con el mandato de la sociedad en la consulta pública del 2022.
Las constantes quejas ciudadanas a la salud, el medio ambiente y los cobros excesivos justifican que existe el vencimiento de la concesión original.
En el análisis del decreto 250 de la XIV no hubo estudios que pusiera a la vista la inversión a futuro de la empresa y tampoco ratificó las cláusulas ni su prórroga.
Independientemente, el estado mexicano representado por la actual legislatura tiene la obligación de garantizar el derecho al agua, sin que terceros e incluso particulares afecten el servicio e impidan ese derecho humano.
Y para finalizar, el Estado no tiene porque cargar 30 años más con las malas e ilegales decisiones del pasado.
A la sesión extraordinaria asistió, como invitada, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien en todo momento estuvo reportando el avance de los temas por la vía telefónica.
