Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
MERIDA.- En las últimas semanas se han hecho públicos casos de hostigamiento judicial a periodistas de Yucatán, por lo que la ONG Indignación, exigió al gobierno del estado y al Poder Judicial respetar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.
El 11 de abril la jueza Beatriz Bonilla González ordenó a “Cambio del Sureste”, “Grillo de Yucatán”, “Infolliteras”, “Noticias al Punto”, “Yucatán al Segundo” y “Noticia Ciudadana”, eliminar notas sobre Leticia Noemí García Maldonado, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Otros periodistas fueron víctimas de hostigamiento por publicar sobre el tema, según reportes de la organización Artículo 19. En un documento de la Fiscalía General del Estado (FGE) se da un plazo de 24 horas para retirar a información a partir de recibir el oficio.
“De lo contrario, se aplicaría una de las sanciones estipuladas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entre otras una amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto por 36 horas. Empero, en el oficio no se justifica por qué se impone tal medida”, se expone.
Cinco días después, el director del portal “Infolliteras”, Eduardo Lliteras, fue notificado de una demanda en su contra presentada por el ex subprocurador Rafael Acosta Solís por presunto daño moral, tras publicar una información enviada por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida.
En la publicación se acusa al ex funcionario de despojo de tierras y del robo de un bulto con dinero y documentación de ejidatarios de Samahil en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Mérida. En ese caso exigió retiro de la nota y el pago de medio millón de pesos, más los costos del proceso judicial.
El ex servidor también demandó a “La Jornada Maya”, “Presidio”, “Lector MX” y “Rompecabezas”,, hechos alarmantes en tanto impiden a periodistas realizar su trabajo: fiscalizar al poder y denunciar el actuar de funcionarios, empresarios, y mantener informada a la sociedad de asuntos de interés público.
El pasado 16 de febrero periodistas solicitaron al Congreso del estado eliminar del Código Penal local el delito de difamación por ser una figura utilizada para obstaculizar la labor periodística, particularmente de quienes investigan temas de corrupción, despojo de tierras y defensa del territorio.
