Prácticamente desde que Cancún fue fundado, los gobiernos locales han insistido en un trato fiscal más justo por parte del Gobierno federal, que implique, sobre todo, reducir el rezago en infraestructura social.
El propio éxito de Cancún, al que luego se unió la Riviera Maya, ha tenido como consecuencia Irremediable el rezago social que simplemente no se ha logrado acortar.
Para los gobiernos neoliberales, primero los del PRI y luego los del PRIAN, el efecto social era suficiente con los empleos creados (cada vez peor remunerados) y los apoyos sociales, desde terrenos hasta becas.
Sin embargo, pasan los años y las cosas siguen igual. Los miles de cuartos de hotel no implican una retribución contundente que permita reducir de una vez por todas, el rezago social de Quintana Roo de manera sustancial.
Con el ascenso de la 4T al poder, se suponía que los “beneficios” del turismo deberían tener un mayor impacto social, pero no ha ocurrido nada. Al contrario, el morenismo ha profundizado el trato fiscal injusto hacia Quintana Roo.
Las mayorías de la 4T en el Senado y la Cámara de Diputados determinaron que, a partir de 2025, los cruceristas paguen el Derecho de No Residente (DNR). Con esta nueva “entrada”, el Gobierno federal espera obtener algo así como 27 mil millones de pesos.
Lo malo es que casi 15 mil millones se irán a Sedena y el resto al INM y a la Tesorería de la Federación.
Y lo peor es que los recursos destinados a Sedena son para tres barriles sin fondo: el Tren Maya, el AIFA y la empresa de aviación Mexicana.
Hay quien dice que el Gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador, le dio a Quintana Roo una inversión histórica.
Sin embargo, la mayor parte de esta “inversión histórica” fue para infraestructura turística y muy poco para infraestructura social que atienda problemas tan graves como la movilidad, solo por citar uno.
Hasta ahora, no se conoce ninguna obra importante de infraestructura social programada para 2025. Se ha mencionado un bulevar para Isla Blanca, pero queda en el mismo cajón que el Puente Nichupté, el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya.
En cambio, la derrama impositiva de Quintana Roo para 2025 se amplía y va para tapar los huecos de los proyectos a cargo de la Sedena.
La justicia fiscal tampoco llegará con la 4T, y en consecuencia, el rezago social seguirá siendo para después.
