Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
TULUM.-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), con el apoyo de la Policía Estatal Quintana Roo, restituyó a los legítimos propietarios sus predios de los cuales fueron despojadas durante la pasada administración.
Como antecedentes, en el mes de mayo del año 2014, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, presidida en ese tiempo por Jorge Jaime Cruz Hernández, por instrucción del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ejecutó un desalojo con todo y turistas de diversos hoteles en la zona costera del municipio de Tulum, los cuales fueron entregados como parte de un laudo laboral a supuestos ex trabajadores que demandaron una millonaria suma en liquidación y prestaciones.
En el mes de enero del año 2012, sin registro de la Oficialía de Partes, se fraguó el juicio laboral identificado con el número 138/2012, en la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Cancún; los supuestos trabajadores: Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera; y dentro de los demandados destaca el nombre de Carlos Amador Treviño Lozano, éste último representante legal de la supuesta empresa propietaria de diversos inmuebles y albacea de la sucesión de uno de los demandados físicos, y el C. José Luis Rodríguez Hernández, en su supuesto carácter de Apoderado legal de la C. María de los Ángeles Tovar Gómez viuda de Márquez, quienes celebraron un convenio conciliatorio con los demandados acordando pagarles la cantidad de 200 millones de pesos en cinco días y una pena de 35 mil pesos por día que no se cumpliese el pago total, cantidad que evidentemente no fue pagada.
Como consecuencia del incumplimiento al convenio celebrado por las supuestas partes, en el mes de diciembre de 2013, se realizó la audiencia de remate en primera almoneda de tres bienes inmuebles, en la cual se encontraban diversos hoteles de alta plusvalía.
En mayo de 2014, se desalojan tres hoteles para entregarlos a los supuestos trabajadores demandantes como pago del acuerdo firmado con Carlos Amador Treviño Lozano y con el C. José Luis Rodríguez Hernández, en su supuesto carácter de Apoderado legal de la C. María de los Ángeles Tovar Gómez viuda de Márquez, lo cual se realizó de forma ilegal; sin embargo una vez desalojados los posesionarios originales, se interpusieron acciones legales que fueron del conocimiento de los Juzgados y Tribunales Federales, quienes después de debido seguimiento legal, mediante sentencia dieron la razón a los verdaderos propietarios de los bienes inmuebles que en su momento fueron despojados.
