Por Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un grupo de empresarios dejaron en evidencia la corrupción de funcionarios de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepqroo) durante una subasta de vehículos que fueron dados de baja de esta oficina.
El empresario José Granada, quién participó en la subasta de vehículos relató que la directora administrativa de la Agepqroo, Azayel Fernández Sánchez fue el brazo ejecutor para cancelar la subasta y los vehículos fueran adjudicados a una sola persona de forma directa y quien al parecer también es funcionario de la Agepqroo.
“Nos presentamos en tiempo y forma a la subasta pero al poco tiempo nos enteramos que este negocio ya estaba hechos pues simplemente cancelaron la subasta al convenir así a los intereses de ellos”.
Parte de los vehículos subastados fueron ubicados en un domicilio de la calle Emiliano Zapata y Antonio Coria en un domicilio marcado con el número 419 de la colonia Leona Vicario, lugar hasta donde ayer nadie habitaba.
José Granada, aseguró que los vehículos ubicados en la calle Emiliano Zapata estuvieron una semana antes en el estacionamiento de la Agepqroo, es decir que desde días antes de la subasta los funcionarios de la Agepqroo ya habían hecho “negocio” con el hasta ahora desconocido comprador de toda la flotilla de vehículos.
El empresario explicó que, de acuerdo con la convocatoria se presentaron 46 interesados; sin embargo, al darse a conocer la relación de los posibles compradores, los funcionarios de la Agepqroo presentaron una lista de 107 interesados ya que de manera irregular inscribieron a 60 personas vinculadas con el Gobierno del Estado para que se adjudicaran las unidades.
Ante la inconformidad que se generó entre los postulantes y principalmente entre los demandantes, la encargada de la administración en la Agepqroo les dijo “esto es para el gobernador y no hay nada que hacer“ porque las unidades ya se habían vendido y no estaban físicamente disponibles.
Extraoficialmente se sabe que la comisión de este supuesto fraude podría ascender a poco más de 2 millones 500 mil pesos por la simulación de una subasta pública.
