Una de las tareas urgentes de la XVIII Legislatura es llevar a cabo una reforma profunda al sistema penal de Quintana Roo, empezando por los fiscales y jueces de control, y terminando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Lo ocurrido con el caso del líder del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) de Quintana Roo, Eliazar Sagrero, es un ejemplo de la necesidad de esta reforma.
El secretario general del Sindicato de Taxistas “Tiburones del Caribe” de Tulum fue detenido, acusado de multihomicidio, tras movilizaciones contra Uber. Sin embargo, salió de la cárcel tras bloqueos en la autopista de la Riviera Maya que exigían su liberación.
Anoche, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el también regidor electo por Morena fue vinculado a proceso, pero al mismo tiempo se le otorgó arraigo domiciliario en Playa del Carmen, por su probable participación en delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de cuatro personas en Tulum.
A pesar de estar acusado de un delito grave y de contar con los recursos para fugarse, se le permitió esperar su juicio en casa.
Esta decisión del Juez de Control, basada en los elementos presentados por la FGE, deja dos posibilidades, ambas escandalosas:
- O Sagrero es un perseguido político por las movilizaciones del FUTV contra Uber, en un asunto que ya parecía “planchado”.
- O la justicia no pudo con la presión política y tuvo que sacarlo de la cárcel.
De cualquier modo, la justicia terminó siendo cribada por la política.
En México se debate una reforma al Poder Judicial, pero en Quintana Roo ya tenemos un sistema de justicia como el que quiere Andrés Manuel López Obrador: todos los jueces y fiscales forman parte de la 4T, voluntaria o involuntariamente.
