Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN .- La aprobación para la construcción del puente Nichupté en la zona hotelera de Cancún tiene opiniones divididas en el sector privado que, en unos casos, la apoyó y en otros la criticó.
La ex presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), capítulo Cancún, María Tayde Favila Soriano, consideró que “se trata de una gran decisión”.
Y es que refirió que “sí de algo adolece Cancún es de infraestructura, y el puente crearía más empleos para enfrentar la crisis que actualmente vive el país”.
Manifestó su agrado por el manejo de inversión privada por la política federal de austeridad y presupuestos más “delgados” para las entidades federativas, lo que obliga a la entidad a organizarse de una u otra forma, para poder sacar la economía adelante.
“Definitivamente, los bulevares Luis Donaldo Colosio y el Kukulcán se llenan durante las épocas de temporada alta y se vuelve un caos andar circulando por ellos”, señaló.
Además, la concesión de 28 años para pagarlo es muy buena, pero lo más importante es que las licitaciones y el manejo de recursos sean muy transparentes, y habría que revisar muy bien las cuestiones ambientales”, apuntó.
Por su lado, el ex presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Hernán Cordero Galindo, dijo que cada año, durante los últimos 22, escucha la misma historia “y la misma farsa, así que hasta no ver, no creer”.
“Y menos ahora que hay mucho menos presupuesto y todo el recurso federal lo están encaminando al populismo y a comprar votos, así es que sigo dudando muchísimo de que sea un hecho.
“Ahora bien, la comunicación es lo más importante y es lo que menos tenemos, así como el transporte”, reconoció.
Hace una semana, por mayoría, diputados del Congreso del Estado aprobaron que mediante un esquema de asociación público-privada, se lleve a cabo el proyecto denominado “Puente Vehicular Nichupté”, en Cancún.
Votaron en contra 3 de los 23 diputados asistentes Linda Cobos y Alberto Batún de MORENA y Roberto Erales del PT.
El gobierno federal aportará dos mil millones de pesos, de un total de 4 mil 675 millones que costará la totalidad de la obra a construirse en los próximos dos años que durará la obra.
De acuerdo a lo previsto, funcionará por medio de peajes durante por lo menos 28 años, tiempo en el cual, los ingresos por derecho de peaje quedarán como ingresos del estado a través de un Organismo Operador y estarán afectados a un fideicomiso de administración y pago.
