Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La presidenta de la Asociación de Hoteles de la zona centro y sur, Bertha Medina Núñez de Cáceres consideró que ante la confusión que prevalece en torno a la aplicación del derecho de saneamiento ambiental en el municipio de Bacalar el ayuntamiento debe de otorgar una prórroga al pago, para aclarar y definir las dudas de los hoteleros.
“Hay una confusión con los tiempos y las formas de los pagos porque nosotros entendemos que se debe depositar al municipio a partir de febrero y no de enero, porque la recaudación inicia a partir del primer mes de enero, explicó.
Bertha Medina Núñez de Cáceres reconoció que hay hoteleros de Bacalar, afiliados a la Asociación, que han accedido a cubrir dicho pago bajo el entendido que formarán parte del comité de supervisión y de que los recursos captados se destinarán al saneamiento del sistema lagunar o destinado a acciones de carácter ambiental.
Dijo que se requiere acordar con el municipio de Bacalar los procedimientos para el pago porque “muchos clientes exigen factura de esos pagos porque es recurso que deben de comprobar ante sus empresas y esa parte no la tenemos clara”.
Medina Núñez de Cáceres manifestó que los hoteleros simplemente estarán recaudando un recurso que no entra a la tesorería de la asociación, sino que se canaliza hacia las arcas municipales.
“Esos son los detalles que debemos de platicar con las autoridades municipales de Bacalar para que, de una forma ordenada, realicemos los cobros y tengamos claro cómo se va a depositar al municipio”, subrayó.
Reiteró la preocupación por el uso y destino del recurso del derecho de saneamiento ambiental “para nosotros es de suma importancia que este dinero se aplique de forma transparente y con la supervisión de la ciudadanía y, específicamente, de los hoteleros que somos quienes vamos a servirle de cobrador al municipio”
La dirigente precisó que la asociación de hoteles está en la mejor disposición de reuniones de trabajo con las autoridades municipales de Bacalar para avanzar en el proceso de cobro y destino del Derecho de Saneamiento Ambiental.
