Por Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La candidata de “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández enfrenta al menos cuatro impugnaciones a su candidatura las cuales siguen pendientes de resolverse cuando quedan menos de 72 horas para que se realicen las elecciones en el estado.
La mayoría de las impugnaciones establecen que el órgano electoral debe quitarle a Yensunni Martínez la candidatura a alcaldesa, por violar el principio de paridad de género; pero adicionalmente se subraya que tampoco puede ser candidata a Síndico en la planilla que pudiera proponerse, porque ya renunció al cargo, y están vencidos los tiempos para realizar sustituciones en las planillas.
A detalle se establece que la designación de Yensunni Martínez se hizo de golpe, lo que la deja sin posibilidad de estar en la planilla y, debería dejar fuera de la contienda electoral pues la ley es clara al señalar que ninguna persona puede ser postulada dos veces a cargos en el mismo proceso y, su renuncia la aleja de poder regresar a la planilla.
De igual forma se reitera la violación de paridad vertical y horizontal en la planilla en la que hay sólo tres hombres y siete mujeres ahora y; como anotación final, se señala que la candidata lleva como suplente a un hombre, con lo que podría configurarse otra violación a la ley, en el combatido caso de las llamadas “juanitas”.
Hay que señalar que el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
En un anexo, el artículo mencionado establece además que: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
