Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.— Tras la abrogación del decreto número 250 que prorrogaba la permanencia de Aguakan en cuatro municipios de la zona norte de la entidad, la empresa es la única que ha fijado una postura oficial e incluso se anotó a su favor el primer “round” en la pelea jurídica en contra del gobierno morenista local.
Aguakan no se esperó y de inmediato anunció que llevaría a los tribunales la postura de la XVII Legislatura del Congreso del Estado que determinó, en una sesión extraordinaria, la última del año, cancelar la autorización de una nueva concesión por 30 años a la empresa, a partir del 1 de enero de 2024.
Ayer mismo, un Juez concedió el amparo correspondiente, en tanto el Congreso del Estado deberá presentar los alegatos que asumió como favorables para abrogar el decreto de la XIV Legislatura en favor de Aguakan en 2014, nueve años antes de que feneciera el primer contrato.
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Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., respondió así a los intereses que motivaron a la legislatura actual a tomar tal decisión.
En contraste, el gobierno del Estado no ha fijado ninguna postura con respecto a lo que podría hacer o qué va hacer en caso de que los tribunales fallen en favor de la abrogación del decreto.
La única postura extraoficial fue la de Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, quien dijo que esperarían la publicación del decreto para conocer en qué términos se dio para “decidir qué hacer”, aun cuando ella asistió personalmente a la sesión en la que se dieron a conocer los detalles “base” del caso que motivo a lo que todos ya sabemos.
El decreto de la legislatura establece que a partir del 1 de enero, tanto la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad deberán recibir los activos, refiriéndose a red hidráulica, para decidir si el servicio se licita o si la administración del vital líquido se queda en casa, como les faculta el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que mandata que el municipio o los municipios son los responsables de dotar a la población de agua potable.
