Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.- Calica perdió la restitución de la concesión del puerto de Punta Venado, al sur de Playa del Carmen, por el sobreseimiento de un juicio de amparo indirecto, con el que demandó al gobierno federal la prohibición de hacer uso de las instalaciones. En mayo le fue revocada la concesión del recinto portuario que manejaba con un título de concesión desde 1987.
El Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Cancún, Quintana Roo, dictó un auto del expediente 533/2022 con el que puso fin al juicio cuyas pretensiones también consistían, de parte de la trasnacional, en la restitución de la carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos por medio del recinto portuario.
Las calizas eran extraídas del predio “La Rosita”, clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 5 de mayo, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Calica no cumplió el acuerdo para frenar la extracción.
La zona donde por décadas la filial de Vulcan Materials Company extrajo la roca para ser llevada a través del puerto de Punta Venado a Estados Unidos, se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, donde es posible observar la devastación que ha ocasionado al manto freático en medio de la selva.
La decisión del órgano jurisdiccional ocurre luego que Calica promovió un recurso de queja dentro de dicho juicio de amparo contra la negativa de otorgarle una suspensión definitiva de los actos reclamados. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de Cancún, desechó el recurso.
En tal proceso legal y de carácter constitucional, las autoridades demandadas fueron el presidente de la República, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
De nombre comercial Sac Tun, Calica tiene pendiente la resolución de tres juicios de amparo, dos de ellas combaten la clausura que les impuso la Profepa en su zona de extracción; mientras que con la última, con expediente 676/2022, acusa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de realizar sobrevuelos, despegues y aterrizajes constantes en sus terrenos.
Con información de Proceso
