Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- De acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, este año se iniciaron 29 procedimientos de responsabilidad administrativa en el que estuvieron involucrados 40 servidores públicos y cinco personas morales que fueron denunciados por la comisión de diversos delitos, desde nepotismo hasta peculado y enriquecimiento oculto.
En su comparecencia ante diputados de la XVII Legislatura reunidos en sesión plenaria, Villalobos Carrillo, reveló que 18 denuncias fueron por abuso de funciones, 5 por peculado, 4 por desvío de recursos, 1 por nepotismo y 1 más por enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.
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Además, otras siete denuncias fueron por procedimientos de responsabilidad administrativa.
Como resultado de lo anterior, dos funcionarios que fueron inhabilitados de manera temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; dos más para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; otros dos asuntos fueron sobreseídos y en otros dos casos no se acreditó la falta imputada; 1 caso fue devuelto a la autoridad sustanciadora.
De septiembre de 2022 a septiembre de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo atendió 567 denuncias en contra de servidores públicos en sus cuatro salas, de las cuales 500 fueron admitidas y tramitadas en términos de la ley y 67 fueron desechadas.
De ese total, 215 fueron por juicios contenciosos administrativos en general, 128 por causas fiscales, 103 por multas o sanciones administrativas no fiscales, 64 por anticorrupción y responsabilidad administrativa de servidores públicos, 20 por asuntos ambientales, 17 por lesividad, 14 por responsabilidad patrimonial, 5 por inconformidad y 1 por licitación pública.
En este sentido, este tribunal emitió 249 resoluciones, de las cuales 72 suspensiones provisionales y 75 definitivas y negó 65 suspensiones provisionales y 37 definitivas.
Lamentablemente, el informe del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa no establece a detalle a las dependencias y funcionarios involucrados, así como tampoco si fueron de la administración de Carlos Joaquín o de la actual.
