Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un amparo presentado por diversas asociaciones civiles y activistas ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, contra la “Ley a Modo” de la diputada con licencia, Judith Rodríguez Villanueva, dice que los diputados, además de incurrir en conflicto de interés: al proponer candidato y participar en el procedimiento de selección, “dejan en desventaja a los participantes no apadrinados por los legisladores”.
La queja tiene como fundamento el que, en la ley originalmente aparecían candados para que ningún diputado ni senador pudiera acceder al cargo, así como secretarios o su equivalente, dado que esto viola la autonomía e independencia política que debe imperar en el cargo, ley que fue presentada por la diputada Eugenia Solís, del PAN, quien todavía no se ha pronunciado sobre el asunto.
Los representantes de las asociaciones señalaron que el amparo va en contra de lo que consideran un atentado ante la Comisión de Derechos Humanos, debido a que se violan antecedentes con la modificación que se le hizo a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Modificaciones a la ley
Primero.- Decreto 131 emitido por la XVI Legislatura y que fue publicado el 14 de septiembre de 2021, mediante el cual se realizó la reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y que permite que las representaciones legislativas propongan personas candidatas a ocupar la presidencia de la Comisión de Los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
También se eliminó el candado para que participaran los legisladores y directores generales de las dependencias, que hubiesen ocupado el cargo en el año anterior a la designación, por último, se suprimió un párrafo del artículo 17 donde se especificaba que la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura es el área encargada de elaborar la convocatoria para la designación de Titular del Organismo Autónomo.
Conflicto de interés
Segundo.- La Convocatoria publicada el 20 de enero de 2022 para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos, porque señalan que está basada en la reforma, y ambas son inconstitucionales, toda vez que, tanto la Constitución Federal como la de Quintana Roo expresamente ordenan que la Titularidad de las Comisión sea designado mediante un proceso transparente y por consulta ciudadana, no legislativa, siendo ésta la modificación hecha por la XVI Legislatura, lo cual, por una parte quita transparencia al proceso y por otra los Diputados además de incurrir en conflicto de interés al proponer candidato y participar en el procedimiento de selección, dejan en desventaja a los participantes no apadrinados por los legisladores.
Con información de Grupo Pirámide
