Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., mejor conocida como Aguakan, impugnará la decisión del Congreso de Quintana Roo de quitarles su concesión, misma que se había extendido hasta el 2053, pero que originalmente concluía el 31 de diciembre de este 2023.
Fue el pasado viernes 22 de diciembre cuando la Comisión Permanente del Congreso del Estado incluyó de último momento en sesión extraordinaria, la derogación del decreto por medio del cual la XIV Legislatura aprobó la concesión del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún por 30 años más.
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Con esta decisión a partir del 1 de enero el 2024 Aguakan ya no brindaría el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
Ante esto, la empresa informó que impugnará la decisión, a través de un comunicado señalaron que ellos ya habían obtenido que su concesión para el tratamiento de aguas residuales en los municipios antes mencionados fuera extendida hasta el 31 de diciembre de 2053.
La empresa argumentó, de acuerdo con lo publicado por un medio nacional, que el decreto 195 es ilegal e iniciará todos los medios de impugnación y de defensa legalmente a su alcance para combatirlo.
“El Decreto 195 desconoce absolutamente la naturaleza y normatividad rectora del Título de Concesión e invade esferas y atribuciones de los Municipios soberanos concedentes de la Concesión, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable”, expuso Aguakan.
Fue el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura y presidente de la Comisión Transitoria Especial para el caso Aguakan, quien se convirtió “en el verdugo” de la empresa y de los funcionarios que participaron en la negociación para que la empresa obtuviera el nuevo contrato.
Fue en el 2014, cuando se aprobó el decreto 250 enviado por la propia Legislatura en diciembre de 2014, previo a ello, en lo ‘oscurito’, y por adjudicación directa, los Cabildos de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres, todos gobernados por el PRI-PVEM, concesionaron el servicio a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakán hasta el año 2053, pese que aún faltaban 9 años para que venciera la primera concesión.
En ese momento, sólo los regidores de PT y PRD votaron en contra, quienes protestaron por la ampliación de la concesión y denunciaron desde entonces que Aguakán es la empresa con el mayor número de quejas en la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
