Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió declarar al Tren Maya como asunto de seguridad nacional bajo el argumento de que hay injerencia del gobierno de Estados Unidos, por las tácticas dilatorias del Poder Judicial y por los altos costos que ha representado al erario.
El mandatario federal afirmó que no hay ningún desacato judicial y que no habrá sanciones a ninguno de sus funcionarios porque las obras ahora están en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y como asunto de seguridad nacional también corresponde a las dependencias federales encargadas de la seguridad.
Al pasar de Grupo México a la Sedena, el gobierno mexicano deberá pagar una indemnización por concluir el contrato antes de la entrega de la obra, pero, afirmó, aún no saben cuánto deberán pagar a la empresa.
En torno a la injerencia, expuso: “Llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos, entonces se recurre a un procedimiento que establece la ley que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la Hacienda Pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria, porque se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita”.
“No hay ningún problema legal, lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes, se hizo consulta con todos y todos estuvieron de acuerdo, la mayoría, y se ha cumplido con todos los procedimientos”, dijo.
En torno a la tardanza de la resolución de los jueces, acusó que “no resuelven y paran la obra ya tres meses, cuando toda la gente está de acuerdo y los dueños de los terrenos por donde va a pasar el tren están dando todos su anuencia, los campesinos, los propietarios, todos”.
Expuso que quienes están detrás de este proceso de amparos son el empresario Claudio X. González; el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), José Ramón Cossío; y la directora de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, “se sienten dueños del país y promovieron todos los amparos en contra del Tren Maya con el objetivo de parar la transformación del país”.
Con información de Proceso
